Rubén Darío Barrientos

Nos estamos acostumbrando a los magistrados de las Altas Cortes, que no tienen trasegar ni vínculo con la rama judicial. Sigo pensando que es una bofetada a los jueces que han escalado posiciones y que han comenzado de cero, el hecho de que se ternen con frecuencia inusitada catalogados profesionales del Derecho, pero que nunca han sido jueces de la república.

El 19 de septiembre último, Héctor Abad Faciolince le lanzó mandobles al candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Vélez, en su columna “Historia de tres ciudades” publicada en El Espectador, y dijo de él que “no sabe dónde está parado y además es bobo”. Le agregó más mofas y lo vituperó de manera inmisericorde. Toda una falta de respeto para una persona muy calificada y que va ganando las encuestas para el cargo de burgomaestre de esta ciudad. El vicio de Abad de despotricar de la gente no es nuevo: sus columnas están llenas de viaraza y de agravios, para quienes no son santos de su devoción. Su forma de pontificar es arrogante y su estilo es bélico por naturaleza.

Las intentonas de revocatorias de los mandatos de alcaldes y gobernadores en Colombia, han sido todo un fiasco versus los resultados que han vinculado a 165 procesos contra alcaldes y uno solo contra gobernador. Nada de nada. Repárese que apenas 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado siquiera la fase de recolección de firmas. Varios medios titularon recientemente: ¿Podría ser el 2017 el año de las revocatorias de los alcaldes? Ello, de cara a que ya se ventilan comités que pretenden revocar a los burgomaestres de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Barrancabermeja y Neiva, amén del gobernador del Quindío.

Acaba de aprobarse en tercer debate en la comisión séptima del Senado un proyecto de ley con la ponencia de la antioqueña Margarita Restrepo –Representante a la Cámara por el Centro Democrático– que pretende elevar de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos en Colombia.

No ha resultado tan angelical José Roberto Prieto Uribe, simplemente mencionado periodísticamente como Roberto Prieto. Es que el actual chivo expiatorio del tema Odebrecht (pues a pesar de que “todo se supo” por el presidente Santos y su comité financiero, éstos se hacen los de “la vista gorda” y los de “la oreja mocha”), hijo del destacado hombre público Luis Prieto Ocampo y natural de Manizales, tiene mucho prontuario a cuestas. Como diría una señora del pueblo, ese señor es toda una astilla.

Su “prontuario” es escabroso, habida cuenta de que tiene especialización en retractaciones. Es medalla de oro o campeona nacional en este deporte. Su historial es indecoroso y sus contradictores hablan de que padece severa incontinencia verbal. Regaña, es provocadora, habla gritado, vitupera, es lenguaraz, es deslenguada y pierde muchas batallas jurídicas. Sin embargo, tiene bien amarrados los pantalones, cuando se trata de ser implacable y de encarar debates de largo tranco, a los que aborda con fruición.

De acuerdo con una versión de Caracol Radio (31 de mayo de 2017), en la casa del inefable Roy Barreras –ubicada en el norte de Bogotá– tuvo lugar una animada reunión de la bancada del Partido de la U., desde luego con apetitosa cena incluida. La noticia podría parecer anodina, entre otras cosas porque en ese inmueble ocurren repetidos encuentros políticos, pero no puede pasar de agache porque esa noche estuvieron allí dos personajes sobre los cuales es imposible que haya indiferencia: Juan Manuel Santos y Alexander Vega (ni más ni menos que el presidente del Consejo Nacional Electoral).

Si hay algo tedioso en diciembre, son las discusiones sobre el salario mínimo. Todos los años la misma jartera: unos argumentan y otros contra-argumentan; unos piden y otros niegan; unos se anchan y otros se encogen. Esta vez la brecha entre las propuestas de los sindicatos y los empresarios es de al menos 6 puntos porcentuales, desde luego un tanto inferior a otras que ha habido.

Hace año y medio, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le impuso una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a un ciudadano que presentó en cuatro oportunidades una acción de tutela igual, en el propósito de que se revisara una pretensa vulneración de sus derechos fundamentales.

No se ha precisado realmente el valor integral de las elecciones en Colombia, para este 2018, aunque ya hay cifras que se divulgaron y que apuntan a que podría estar su monto entre $ 1,2 billones y $ 1.7 billones [...] Sea cual fuere el quantum final, hablar de cifras muy superiores al billón de pesos, ya prenden las alarmas y hacen reflexionar sobre la justificación o no de sus galopantes costos.