Rubén Darío Barrientos

Gustavo Petro, el mismo que se compara con Jorge Eliécer Gaitán y quien asegura que no es castrochavista, sí es un populista que se mueve en esos lineamientos. Y hoy es una real amenaza de llegar a una segunda vuelta presidencial en Colombia. A la vieja usanza, acaba de llenar la plaza de Nariño, rodeado especialmente de líderes sociales e indígenas de la región, a los que les habló de “hacer resistencia a la desigualdad social y construir una historia de manufactura del trabajo productivo”. Con 57 años y nativo de Ciénaga de Oro - Córdoba, Petro ganó la última encuesta de Invamer, con 23,5%, y vive una coyuntura nunca antes vista de un país hundido en la corrupción, para venderse como un líder persuasivo que pugna contra ese mal endémico.

No es que los magistrados de las altas cortes no puedan ir a recibir premios al exterior, ni atender invitaciones ni desplazarse para cumplir compromisos académicos por fuera del país. Es evidente que su investidura así lo amerita. Lo que enoja es el momento de los desplazamientos y la coyuntura de esos viajes. Por ejemplo, 5 magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia adelantaron sus vacaciones pues hace 2 días viajaron a China a un evento sobre el sistema penal, y ya no regresan pues se les dio autorización para que enlazaran el viaje con el período de vacaciones de la rama judicial.

El 16 de julio de 2016, el presidente Santos dijo: “Si el plebiscito no se aprueba volvemos a la guerra”. Eso se expresó en el conversatorio “Aseguremos la paz de Colombia”, con la presencia de un testigo de excepción: el expresidente del gobierno español, Felipe González. Como si fuera poco lo anterior, el 14 de agosto de 2016, el expresidente César Gaviria le manifestó a la Revista Semana que “si no se aprueba el plebiscito regresaría la guerra al país”. Como todos lo recordamos, Gaviria fue el gerente de la campaña del sí a la paz.

La ministra de Trabajo, Clara López, tuvo variados pensamientos románticos antes de comenzar las negociaciones del salario mínimo para el 2017. Idealizó un salón neutral (biblioteca Luis Ángel Arango), cambió el tipo de mesa que siempre había sido horizontal por una redonda y llevó a cabo algunas reuniones previas de corte estratégico.

La magistrada María Victoria Calle, actual presidenta de la Corte Constitucional, fue la ponente favorable del plebiscito del pasado 2 de octubre. Su esposo, el consejero de estado Gustavo Gómez Aranguren, está próximo a completar su periodo en ese alto tribunal de lo contencioso administrativo. El presidente Juan Manuel Santos acaba de nombrar a Gómez Aranguren, como embajador de Colombia en Suiza. No suena bien esto, porque se exhibe como un estipendio por los favores recibidos. Aunque se beneficia Gómez, a la magistrada Calle -su cónyuge-, se le hace una magna cortesía presidencial.

La bancada de oposición al gobierno, radicó esta semana un proyecto de reforma política que consta de doce artículos. Inmersa en ella, hay dos asuntos llamativos: a) La implementación del voto obligatorio y b) La reducción de la edad para ejercer ese derecho desde los diecisiete años, para 2022, y desde los dieciséis, para 2026.

Un temible jefe de sicarios que no tenía vinculación alguna con las Farc, acaba de ser expulsado por la oficina del Alto Comisionado, de la lista de beneficiarios por el programa Gestores de Paz. Se trata de Alexander Romero, quien no tenía nexos con las Farc y que había recibido excarcelación hace un mes, no obstante ser condenado a 14 años de prisión.

Hace año y medio, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia le impuso una multa de tres salarios mínimos legales mensuales vigentes a un ciudadano que presentó en cuatro oportunidades una acción de tutela igual, en el propósito de que se revisara una pretensa vulneración de sus derechos fundamentales.

Estamos noticiados de que el pasado 24 de julio, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez fue citado a indagatoria por la H. Corte Suprema de Justicia, por los presuntos punibles de manipulación y presión de testigos, y fraude procesal. En pleno territorio de Rionegro, el abogado Jaime Granados, apoderado de Uribe, les indicó a los periodistas que ya había preparado una solicitud de recusación en contra de los magistrados de la Sala de Instrucción # 2 de Casación Penal

La Fundación Paz y Reconciliación, acaba de entregar un informe según el cual “varios de los aspirantes al Senado y Cámara de Representantes tienen nexos familiares o son herederos de dirigentes que no sólo han sido cuestionados sino hasta condenados por delitos relacionados con la parapolítica, los sobornos de Odebrecht y el cartel de la toga”.