El Pacto por la Paz Urbana, liderado por el presidente Gustavo Petro en la plazoleta La Alpujarra de Medellín, dejó ver el cinismo -entendido como “desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables”, según la Real Academia Española- de políticos y gobernantes que saben que no es la primera vez que jefes o miembros de grupos armados al margen de la ley son invitados a actos políticos públicos y privados. El exrepresentante a la Cámara y delegado del Gobierno nacional en el Espacio Sociojurídico de la Cárcel de Itagüí, Ramón Elejalde, nos invita a la reflexión en su “Contracorriente”, despejando la memoria de muchos ciudadanos y enterando a otros tantos, de actuaciones que ahora le reprochan al presidente Petro con tremendo escándalo mediático. Similares actuaciones les fueron tratadas a otros gobernantes, con total “indulgencia”, por parte de los medios de comunicación, los opinadores, los gremios económicos y los líderes y dirigentes políticos.
Ésta es la reflexión de Ramón Elejalde:
Contracorriente: ¿Por qué hoy critican lo que ayer celebraron?
Por: Ramón Elejalde Arbeláez
Es un tema complejo de tratar, especialmente para alguien que hace parte de la delegación del Gobierno en los diálogos sociojurídicos con las estructuras del crimen organizado de Medellín y el Valle de Aburrá. Lo abordaré con la prudencia que exige el momento, pero también con la sinceridad que requiere el país.
Se afirma, con insistencia, que los diálogos entre el Gobierno y las estructuras del crimen organizado en Medellín y el Valle de Aburrá carecen de un marco jurídico. Esa afirmación es rotundamente falsa. A quienes la sostienen, los invito a leer tres documentos clave: la Ley 2272 del 4 de noviembre de 2022, la Sentencia C-525 de 2023 de la Honorable Corte Constitucional, y la Resolución Presidencial 452 del 8 de noviembre de 2024. Con una lectura, aunque sea somera, los críticos entenderán que sus afirmaciones no se ajustan a la verdad.
Es posible que el evento realizado el pasado sábado 21 de junio, en La Alpujarra —corazón del poder político en Antioquia— con la presencia del presidente de la República y voceros del crimen organizado, haya sido un acto estratégicamente desacertado. Eso está por verse y dependerá del enfoque desde el cual se analice. Pero lo verdaderamente preocupante es el doble rasero con el que algunos sectores evalúan los hechos. Si de rendir homenaje a la verdad se trata, lo mínimo es exigir coherencia. Veamos:
Un precandidato presidencial, sin que existiera proceso de paz o autorización alguna, se reunió, en junio de 1998, en plena campaña electoral, con el entonces jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez (alias Tirofijo), evento donde Víctor G. Ricardo, su próximo comisionado de paz, le regaló a Tirofijo un reloj con publicidad de la campaña de Pastrana. Ese episodio, lejos de generar rechazo, lo catapultó a la presidencia de la República.
El 23 de abril de 2008, ingresó por el sótano de la Casa de Nariño el señor Antonio López (alias Job), asesor político de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna), lo hizo en compañía de uno de los abogados de Don Berna, para sostener una reunión con altos funcionarios del Estado.
En noviembre de 2004, Hernando Buitrago, entonces segundo al mando de la columna móvil “Teófilo Forero” de las FARC y prófugo de la justicia, fue recibido en la Casa de Nariño. Se reunió con altos jerarcas del Gobierno y luego fue presentado públicamente por el presidente de turno, quien además lo envió a dormir a una suite del prestigioso Hotel Tequendama, en Bogotá.
Otro expresidente de Colombia fue fotografiado recientemente en fiestas y parrandas con el reconocido narcotraficante José Guillermo Hernández (alias El Ñeñe Hernández).
Tampoco se puede olvidar la célebre sesión del 28 de julio de 2004 en la Cámara de Representantes, realizada en el histórico Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde fueron recibidos con honores los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Roberto Duque Gaviria (alias Ernesto Báez) y Ramón Isaza Arango. Su presencia fue autorizada por el entonces presidente de la República mediante la Resolución 128 de 2004.
También podría yo especular, como lo vienen haciendo algunos voceros del crimen organizado, sobre las visitas que —según ellos— realizaron a la oficina del alcalde de Medellín (sin indicar cuál alcalde). Describen con detalle cómo entraron por el sótano, tomaron un ascensor exclusivo y accedieron al despacho del mandatario local. Sin embargo, mientras no se conozcan fechas, nombres y temas tratados, ese relato no puede pasar de ser una mera especulación.
Concluyo: el escándalo mediático que se ha armado por el acto público entre Gustavo Petro y los voceros de las estructuras del crimen organizado contrasta con la indulgencia con que los grandes medios, gremios, opinadores y líderes políticos han tratado hechos comprobados y ocurridos en gobiernos anteriores. Se impone, pues, una reflexión: ¿hasta cuándo el doble rasero?
NOTÍCULA. El fallecimiento de Guillermo Mejía Mejía, jurista, versado en historia eclesiástica, docente y gran amigo, fue un duro golpe para sus familiares y amigos. Para algunos, como quien escribe, resultó muy sorpresiva. Paz en su tumba y resignación a los suyos.
