El Pacto por La Paz Urbana, liderado por el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra con la presencia de nueve jefes de las estructuras del crimen organizado de Medellín y el Valle de Aburrá, exacerbó la tensión política en torno al proceso de paz urbana entre el Gobierno nacional y la Oposición, de la cual hace parte el alcalde Federico Gutiérrez. Pese a que la obligación de garantizarles la Paz a los ciudadanos metropolitanos es de ambos mandatarios, el de Medellín ha estado reacio al proceso que se lleva a cabo en Itagüí.
Lo cierto es que Federico Gutiérrez debió haber obtenido réditos electorales en 2023, cuando se pronunció en favor de la Paz urbana, enviándoles un mensaje a los jefes de estructuras del crimen de alto impacto recluidos en Itagüí.
Jorge Mejía Martínez -Delegado del Gobierno nacional en el Espacio Sociojurídico de la Cárcel La Paz de Itagüí, donde se hacen acercamientos hacia La Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá- recuerda que en el evento realizado en La Alpujarra el 21 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro manifestó que la inserción a programas sociales de menores de edad que no hayan cometido delitos, pero tienen relación con combos y bandas, es muy factible. Sin embargo, mientras el Alcalde de Medellín habla de 5.000, el Gobierno nacional tiene en sus cuentas a 2.000 de estos menores.
Jorge Mejía Martínez precisa que con los 2.000 menores de edad o 5.000 -según la Alcaldía de Medellín- al servicio de combos, bandas y estructuras del crimen de alto impacto del Valle de Aburrá, no se necesita marco jurídico porque son “jóvenes sanos”, sin deudas con la justicia.
La pirámide criminal urbana de Medellín y el Valle de Aburrá está conformada por combos, en la base; bandas por encima de éstos; y estructuras que son las que tienen el poder del control y la regulación de la actividad criminal de los combos y las bandas. Con los jefes de las estructuras -La Oficina, La Terraza, Los Triana, Los Mesa, Los Chatas y Los Pachelli- es con quienes se debe hablar, como se está haciendo en el Espacio Sociojurídico de la Cárcel La Paz de Itagüí, con pretensiones de diálogos con éxito. Sin su voluntad, ni combos ni bandas toman decisiones. El ejercicio se ha hecho con resultados, por ejemplo, cuando los voceros de la Mesa de Itagüí han anunciado el final de las fronteras invisibles y, entre otras, la reducción de homicidios el Día de la Madre y de otros delitos como la extorsión en 42 barrios de Medellín, Bello e Itagüí.
El delegado del Gobierno nacional en el Espacio Sociojurídico de la Cárcel de mediana y alta seguridad La Paz de Itagüí, Jorge Mejía Martínez, asegura que cerca del 90% de los miembros de los combos, las bandas y las estructuras del crimen de alto impacto de Medellín y del Valle de Aburrá están controlados por los jefes que hacen parte de dicho espacio sociojurídico. De ahí la importancia que tienen estas conversaciones que lidera el Gobierno nacional, como piloto para poner en marcha en las diferentes ciudades del País con presencia de la violencia urbana.
El Delegado Nacional en la Meza de Paz Urbana de Itagüí dice que el Ejército Gaitanista de Colombia -EGC- no ha podido hacer parte de este Espacio Sociojuridico, porque -según lo ha manifestado el abogado Ricardo Giraldo- el EGC espera que el Gobierno nacional le otorgue estatus político.
De ser posible el acuerdo con el EGC y su inserción en la Mesa de diálogos por la Paz urbana, sólo quedaría un mínimo porcentaje de actores armados conformado por el crimen trasnacional que protagizan organizaciones como el Tren de Aragua.
El Centro Nacional de Memoria Histórica se ha sentado con los voceros del Espacio Sociojurídico de la cárcel de Itagüí para que las víctimas sean tenidas en cuenta en un potencial acuerdo de paz urbana. No obstante que la población de víctimas urbanas no haya sido censada como la rural, Jorge Mejía menciona una población cercana a las 750 mil víctimas.
La presentación del Pacto por la Paz Urbana en La Alpujarra enardeció la pugnacidad entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, lo que es comprensible desde la orilla político – ideológica que defiende cada uno. Sin embargo, es incomprensible desde el desencuentro de dos gobernantes que deben dar ejemplo de respeto y defensa del artículo 22 de la Constitución Política de Colombia, que habla de que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y del 113, también Superior, que habla del principio de colaboración armónica, el cual debe entenderse no solamente desde el concepto de separación de poderes, sino desde la obligación que tienen los gobernantes, de la misma rama del poder ejecutivo, de garantizar derechos fundamentales como la Paz. En esta lógica, la colaboración armónica entre el Presidente de Colombia y el Alcalde de Medellín no debería entrar en discusión.
Lamentablemente, la polarización política en Colombia ha llevado la violencia a niveles que las partes en conflicto no reconocen. Y hay un agravante: la Paz ha sido un anhelo ciudadano que la politiquería ha convertido en botín. En Medellín es aún más evidente esa lamentable y rechazable realidad.
