Nicolás Albeiro Echeverry

Es claro que la humanidad enfrenta una encrucijada y es un hecho que el cambio climático se está intensificando, afectando todas las regiones del planeta, hechos basados en el informe de agosto del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, IPCC.

La Región Pacífica de Colombia es una paradoja: su riqueza ecológica la pone en un lugar de privilegio a nivel internacional y hace que, precisamente, los ojos del mundo volteen a mirarnos en estos tiempos de crisis ambiental, por el “remedio” que puede representar para el planeta, cada vez más amenazado por la inconsciencia del hombre. Pero, al mismo tiempo, la pobreza extrema de sus habitantes hace que nosotros mismos volteemos a mirar hacia allá, con la incredulidad de que, no obstante la miseria evidente, el Estado persista en su debilidad institucional para atender a estos colombianos, históricamente abandonados.

Me siento muy satisfecho de ser uno de los autores, con el senador y colíder del movimiento “Conservadores de Vida”, Juan Diego Gómez Jiménez, del Proyecto de Ley que busca que los titulares mineros tengan acceso a los servicios ofrecidos por el Sector Financiero y Asegurador Nacional. Sin importar la etapa en que se encuentre el contrato de concesión minera o la clase de título que lo haya legitimado para la exploración y explotación de los yacimientos mineros, estos titulares podrán tener acceso a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.

Cada vez veo más cerca la afirmación legal en el sentido que el ambiente sano es un derecho fundamental autónomo y no un derecho de tercera generación, el cual debe ser tutelado en conexidad con los derechos fundamentales a la salud y la vida.

La aprobación de actos legislativos y leyes por la vía del “Fast Track” empieza a confirmar lo que antes era apenas una sospecha y desconfianza ciudadana. Con la reforma al Sistema Nacional Ambiental y a las Corporaciones Autónomas Regionales se evidencia la utilización arbitraria de un mecanismo cuyos orígenes son legítimos y de viejo anhelo de los colombianos, pero torcidamente usado para retrotraer un proceso evolutivo ganado a base de esfuerzo y participación ciudadana: La Autonomía de las Regiones.

Los resultados de la encuesta evidencian el rechazo de la sociedad, dejando a los partidos y los políticos por debajo de las FARC y de Venezuela: el porcentaje de desfavorabilidad del Congreso es del 74% frente a un 19% favorable; la desfavorabilidad de los Partidos es del 78% frente a un 18% de favorabilidad; el Sistema Judicial quedó con un 78% desfavorable y un 16% favorable. Estas son algunas de las cifras que se reflejarán en la participación electoral que se aproxima.

La creación de las zonas veredales transitorias de normalización debe tener en cuenta la presencia de los pueblos milenarios indígenas, de tal manera que en el proceso de desescalamiento del conflicto armado, la paz impere con certeza en sus territorios de vida y que la desmovilización no afecte su gobierno propio, su jurisdicción especial, su autonomía y su unidad. Este compromiso estará vigente permanentemente en nuestra agenda.

Si la guerrilla tomara conciencia del daño ambiental que produce con atentados como los recientemente divulgados, y reflexionara sobre el importante papel que puede realmente jugar en la recuperación del rol protagónico de Colombia en el contexto ambiental mundial, estaría dando muestras verdaderas de paz, y estaría contribuyendo ciertamente a la consolidación de la justicia social.