Por: Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán *
Me siento muy satisfecho de ser uno de los autores, con el senador y colíder del movimiento “Conservadores de Vida”, Juan Diego Gómez Jiménez, del Proyecto de Ley que busca que los titulares mineros tengan acceso a los servicios ofrecidos por el Sector Financiero y Asegurador Nacional. Sin importar la etapa en que se encuentre el contrato de concesión minera o la clase de título que lo haya legitimado para la exploración y explotación de los yacimientos mineros, estos titulares podrán tener acceso a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.
Este Proyecto de Ley no sólo impulsa el crecimiento económico del País, con el subsecuente desarrollo humano y social de las regiones donde se realicen las exploraciones y explotaciones mineras. Este Proyecto tiene gran efecto en la seguridad y el orden público del País, porque incentiva la minería legal y mitiga los riesgos de su actividad en materia de lavado de dinero, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, ejercicio de prácticas de ética empresarial que se contraponga a conductas prohibidas como la corrupción, la colusión, el fraude, la coerción y la obstrucción, entre otras. Esto conlleva una sola lógica: el cumplimiento regulatorio del sector minero le permitirá ganarse la confianza del Sistema Financiero y Asegurador.
Este Proyecto de Ley dejará arado el camino para que el Estado siga implementando sus políticas de lucha frontal contra los delitos conexos con la minería ilegal que, además, permitirá la neutralización de los graves daños ambientales que genera, lo que incentiva el círculo vicioso que termina en descomposición social , económica y del orden público en las zonas afectadas por la minería ilegal.
Si el sector financiero colombiano crea portafolios destinados a la promoción de servicios para el desarrollo de operaciones con la industria extractiva minera, se incrementará la confianza frente al sector minero que, consecuentemente, desestimulará el ejercicio de actividades criminales en la exploración y explotación. Entonces se iniciará un círculo virtuoso, consistente en que la confianza financiera incentivará el desarrollo de las empresas mineras desde la estricta legalidad.
Estoy convencido de que el acceso de los titulares mineros al portafolio de servicios ofrecido por el Sector Financiero y Asegurador Nacional estimula un círculo virtuoso entre la confianza financiera y la legalidad minera, fortalecido por la normatividad inherente a este Proyecto, el cual respaldará ese acceso del sector minero a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional. Definitivamente, el Sistema Financiero y Asegurador contará con herramientas legales que le permitan una adecuada gestión de riesgos para prevenir y mitigar cualquier exposición frente a la minería criminal.
Las empresas del sector minero se verán obligadas a cumplir con los estándares mínimos establecidos para prevenir y mitigar sus propios riesgos y evitar cualquier contagio con actividades criminales y, al contrario, sus estándares estarán orientados al cumplimiento de la transparencia y del ordenamiento regulatorio.
No podemos soslayar la importancia que reviste el sector minero para el crecimiento económico, la inversión y el desarrollo humano y social de Colombia. Por eso es tan significativo el trabajo conjunto entre las empresas, los reguladores, la institucionalidad y el sector financiero y asegurador, que ahora será actor protagónico gracias a la presentación, discusión y segura aprobación del Proyecto de Ley “por medio del cual se expiden normas para que el sector minero colombiano acceda a los servicios del sistema financiero y asegurador nacional, y se dictan otras disposiciones”.
Este Proyecto de Ley llama la atención de la función social que cumple el Sector Financiero colombiano, que no debe ser únicamente el de la rentabilidad económica individual. Este Proyecto de Ley abrirá los canales jurídicos para que la minería legal pueda celebrar, sin restricción alguna, todas las operaciones activas y pasivas de crédito que contribuyan al desarrollo de la empresa minera legal. Así –insisto en la dinamización de un círculo virtuoso social, económico y jurídico- se incentiva a este sector, que ha sido ampliamente estigmatizado, a que siga trabajando dentro de la legalidad, desincentivando las actividades ilícitas en la minería.
La búsqueda de la legalidad en Colombia no compete sólo al Estado y, por supuesto, a los particulares que deben desarrollar su industria extractiva de manera legal, con los correspondientes títulos mineros. El sector financiero tiene, también, esa responsabilidad en el marco de la Constitución y de la Ley. Apoyarla con sus operaciones activas y pasivas de crédito, materializan ese compromiso con la sociedad colombiana.
*Representante a la Cámara Partido Conservador Colombiano