Columnistas

Hace algunos meses un ministro del Japón propuso eliminar la enseñanza de las disciplinas filosóficas y humanísticas de las universidades niponas. Nada raro en estos asiáticos que andan por la vida pensando solo en tecnología y han hecho del trabajo las metas de sus vidas, actitud que les acarrea que mueran infartados y presenten niveles altísimos de la enfermedad llamada karochi, que lleva a muchos al suicidio.

El pasado 20 de julio en la instalación del Congreso, no vimos a un presidente cumpliendo sus funciones, sino una puesta en escena. Aplausos previamente acordados, florecitas blancas instaladas en las curules de los legisladores, lisonjeros profesionales ubicados estratégicamente en el Salón Elíptico para que en momentos definidos hicieran el respectivo bullicio a favor de Santos.

Sístole S.A., es una agencia de Felipe Santos, hermano del presidente de la república. Sin ningún pudor, celebró un contrato con la gubernamental oficina del Alto Comisionado para la paz por la suma de $ 968 millones, con una vigencia de 75 días (fue en 2014). A su vez, otra agencia, J. Walter Thompson y con la misma entidad, no se quedó atrás y suscribió otro contrato por la friolera de $ 1.080 millones, con una vigencia de 75 días (también en 2014). Estos angelitos, que se inventaron el objeto de “estrategias para la paz” en los antedichos contratos, son los mismos que propusieron adicionar una estrofa de la paz para el himno nacional, a guisa de ser la duodécima. ¡Cómo nos ha salido de barateli el carrusel de la paz, carajo! Pero las agencias se lavan las manos diciendo que plantean simplemente ideas para una convocatoria nacional, que puedan deparar una estrofa adicional para el himno (ñapa).

Por lo anterior siempre invito a mis oyentes y lectores a proteger, a mimar, a defender a capa y espada, el mensaje, que es aquella flechita que sale del emisor y llega al receptor, con su correspondiente retroalimentación. Ese mensaje bien construido, con claridad meridiana es el que origina la comunicación perfecta.

Qué lejos está Colombia de ser una verdadera democracia y de ser un estado de derecho cuando los jerarcas de la justicia, deciden deliberadamente y con todo el cálculo sustraerse al espectro de la Constitución y la ley, esas a las que dicen servir y con base a la cuales toman sus decisiones.

Varias, múltiples generaciones, venimos quejándonos en nuestra América hispánica desde hace muchos siglos de los males que nos aquejan, de lo deplorable que han hecho la tarea los gobiernos y también venimos siendo engañados con politicastros promeseros que en sus campañas nos prometen sacar adelante nuestras desbarajustadas e injustas naciones.

El terror impacta de tal manera en la población civil que afecta su estabilidad emocional, determina la huida hacia otras regiones, paraliza sectores de la economía, ahuyenta las empresas e inversionistas extranjeros, hace quedar como ineptas las agencias de inteligencia y a la Fuerza Pública, en particular la policía que es la entidad responsable por el orden público interno de las naciones.

Nuestro Estado Social de Derecho deja de ser un mero postulado de la nueva Constitución Política, cuando sus actores toman decisiones efectivas para garantizar a sus asociados la dignidad a la que es posible llegar mediante la prestación real de servicios públicos como la educación. Cuando el Estado colombiano interviene para deshacer trampas de la pobreza como la educación, precisamente, empieza a cumplir con sus fines constitucionales como el de la promoción de la prosperidad general.

Desde que empezó el proceso de paz, en el uribismo hemos manifestado nuestros reparos de forma argumentada y respetuosa. Del Gobierno, como respuesta, recibimos insultos, persecuciones, engaños y malos tratos.

Era imbatible Néstor Humberto Martínez. Desde el comienzo fue el favorito para ganar la fiscalía. No se discuten sus condiciones de excelso jurista, de hábil funcionario, de astuto político y de brillante expositor, que le han dado méritos para ocupar cimeros cargos nacionales.