Seguridad y Orden Público

La reciente postura del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, frente a la presentación del libro “M-19: de la guerra a lapolítica” volvió a encender un debate que Colombia no ha terminado de resolver: ¿cómo equilibrar la memoria de las víctimas con los procesos de paz que han permitido la reincorporación de actores armados a la vida civil?

En medio de la creciente controversia por los recientes hechos ocurridos en la cárcel de Itagüí, voceros del Espacio de Diálogo Sociojurídico de Paz Urbana, actualmente recluidos en ese centro penitenciario, emitieron un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que reconocen responsabilidades, ofrecen excusas y solicitan la reanudación del proceso de conversaciones con el Gobierno Nacional.

Desde que yo tengo memoria periodística -y me refiero a lo que yo he visto, cubierto y reportado, inicialmente como periodista de orden público-, Medellín y el Valle de Aburrá han sido cuna de la violencia urbana, cultivada y cosechada en sus propias entrañas, más aterradora entre pocas ciudades del mundo. Desde que yo tengo memoria, los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá han anhelado que la violencia urbana desaparezca de sus calles y de sus vidas. Desde que yo tengo memoria periodística -como editor político- he visto, cubierto y reportado cientos de campañas plurinominales y uninominales que han prometido la seguridad y la paz, como respuesta al principal anhelo de sus electores.

El colectivo "Frente Unido por el Pacto" –FUP-, reconocido tanque de pensamiento conformado por orientadores de las fuerzas progresistas de Antioquia (liberales, conservadores, independientes, militantes de izquierda y académicos), expresaron su respaldo absoluto a la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, específicamente, al Espacio de Conversación Socio Jurídico por la Paz Urbana de Medellín y el Valle de Aburrá, que se viene adelantando desde hace tres años con los voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto, recluidos en la cárcel de Itagüí.

La Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional para Medellín y el Valle de Aburrá rechazó de manera “contundente y categórica” lo ocurrido en la cárcel de Itagúí este miércoles, 8 de abril, donde se realizó una parranda vallenata, con la participación del cantante Nelson Velásquez.

La senadora y coordinadora del Espacio de Conversación Socio Jurídico de Medellín y el Valle de Aburrá, Isabel Cristina Zuleta, aseguró que los recientes cuestionamientos y ataques contra el proceso de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá obedecen a una estrategia política deliberada y no a preocupaciones genuinas sobre su implementación.

La Asociación Colombiana de Veedurías solicitó el desmantelamiento inmediato del grupo denominado “gestores de convivencia”, implementado por la Alcaldía de Medellín, al considerar que sus actuaciones estarían generando temor ciudadano y posibles vulneraciones a los derechos humanos, al actuar como un grupo “para policial”.

La Delegación de Paz del Gobierno nacional y los Voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto -EAOCAI- dentro del Espacio de Conversación Socio Jurídico -ECSJ- de Medellín y el Valle de Aburrá informan que el proceso avanza de manera firme, sostenida y responsable, sobre los objetivos estratégicos trazados en el marco de la Política de Paz Total (Ley 2272 de 2022). Dicen que es el resultado de casi tres años de trabajo ininterrumpido y de la voluntad de las partes por darle una salida dialogada a las violencias urbanas y constituir condiciones para la no repetición de estos hechos en los territorios del Valle de Aburrá.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, radicó ante el Consejo de Estado una acción de nulidad contra la Resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación suspendió las órdenes de captura 23 cabecillas de las estructuras del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá que, además, hacen parte de las mesas de conversación socio jurídica que buscan La Paz Urbana en la Subregión antioqueña.

Mediante Resolución 00072 de 2026, la Fiscalía resolvió la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 23 voceros principales y auxiliares que han venido participando en la mesa de conversaciones sociojurídica de la cárcel de Itagüí, en busca de La Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, en el marco del proceso de Paz Total.