Por: Coronel Carlos Alfonso Velásquez
La renuncia de la ministra Viviane Morales poco después de denunciar lo que llamó una «campaña woke» de ideologización en los colegios, deja pendiente una discusión que merece sobrevivir. Porque detrás de la discusión sobre qué debe enseñarse en materia de educación sexual existe una pregunta aún más importante: ¿para qué educamos?
El telón de fondo institucional no es menor. El gobierno saliente (Resolución 1350 de 2026), estableció una política que ordena fortalecer la educación sexual “integral” con enfoques de género y diversidad. La exministra Morales, por su parte, sostuvo que muchos padres «ni siquiera saben lo que se les está enseñando a sus hijos» y anunció una revisión de los materiales escolares. Dos preocupaciones legítimas —el propósito de impartir una educación seria y actualizada y el derecho de las familias a no ser excluidas del proceso— que, sin embargo, terminaron enfrentadas como si fueran irreconciliables.
Y no lo son: he aquí el verdadero debate. Educar no es imponer una manera de pensar. Es entregar herramientas para aprender a pensar. La escuela tiene la responsabilidad de transmitir conocimiento, desarrollar capacidades y preparar a los jóvenes para la vida en una cultura compleja en materia de sexualidad. Pero enseñar no debe significar reemplazar a la familia.
La Corte Constitucional lo advirtió hace más de tres décadas en la Sentencia T-440 de 1992: la educación sexual «incumbe de manera primaria a los padres», quienes tienen derecho a conocer sus contenidos y métodos. Pero fue enfática en el límite: ese derecho no equivale al de eximir a los hijos de recibirla, así sea por las propias convicciones.
¿Cuál debería ser entonces el papel del colegio? Ofrecer conocimiento, perspectivas y herramientas. ¿Y el de los padres? Acompañar, conversar, orientar y ayudar a sus hijos a formar su propio criterio. No se trata de sacar al Estado o al colegio de la formación de los niños, sino de trazar límites claros: información seria y pertinente para la edad, espacios seguros para preguntar, y familias con posibilidad real de participar.
Porque existe una diferencia esencial entre educar y adoctrinar. Educar permite preguntar; adoctrinar entrega respuestas. Educar presenta argumentos, adoctrinar pretende que el estudiante adopte una posición. Y esa distinción no aplica solamente a la educación sexual: aplica a cualquier contenido, venga de donde venga —de un ministerio progresista o de uno conservador—.
Por eso la pregunta correcta no es si la educación sexual debe estar en los colegios, sino cómo enseñarla para que informe sin imponer, prevenga sin asustar y forme sin adoctrinar. En eso pueden y deben discutir gobiernos, colegios y familias: contenidos, edades, metodologías. Pero hay algo que debería defenderse por encima de cualquier ministerio y de cualquier bandera ideológica: la educación debe formar ciudadanos libres, no seguidores de una causa. Esta tarea no es exclusiva ni del Estado ni de los padres. Es compartida, con roles distintos y límites precisos. Porque educar no es decidir por nuestros hijos. Es prepararlos para que, algún día, puedan decidir con su propio criterio.
Ahora bien, si hablamos de educación sexual “integral” no podemos dejar de lado la perspectiva de ética social. De esta manera, en los intercambios entre colegios y padres conviene considerar que “grosso modo” existen dos cosmovisiones opuestas sobre cómo vivir la sexualidad. Por un lado, el ejercicio de la sexualidad puede verse ligado a lo que podemos llamar la “educación para los compromisos estables”, la cual implica la transmisión de valores concretos: autodominio, fidelidad, comprensión, lealtad, apertura a la transmisión de la vida volcando la propia afectividad en los hijos y asumiendo nuevos compromisos y renuncias personales. Aunque este tipo de educación se transmite mejor en la relación de confianza entre padres e hijos, si en el colegio no se complementa en la misma dirección el educando sufre un choque interno a veces irreparable.
Otra visión de la sexualidad es la que se puede denominar “educación para la independencia sexual”, que incluye los aspectos de placer en el ejercicio del sexo, la minimización de los riesgos de embarazo o de las infecciones de transmisión sexual y enfatiza el conocimiento de las medidas de anticoncepción y la búsqueda de experiencias gratificantes, bien a través del propio cuerpo o a través de relaciones interpersonales que no tienen que ser necesariamente monógamas, centrándose en sus aspectos lúdicos y sin referencia a compromisos implícitos ni explícitos. La cuestión está entonces en responder el interrogante de ¿cómo combinar las dos cosmovisiones sin caer en el relativismo ético?
