Rubén Darío Barrientos

El 19 de junio de 2015, la inefable Natalia Springer firmó un polémico contrato (¡otro más!) con el alcalde de Valledupar de entonces, Fredys Socarrás, por la friolera de $ 1.400 millones. Su objeto en el papel era el de retribuir unos eufemísticos talleres de formación de cogestores de paz y el término que convinieron las partes para su ejecución, fue de tres meses.

Corría el 14 de octubre de 2014, cuando la plenaria del Senado de la República aprobó en segundo debate de la reforma del equilibrio de poderes, la eliminación en la agenda del voto obligatorio. La votación final, fue de 45 votos a favor de eliminarlo y de 29 en contra de suprimirlo. Tiempo atrás, el 9 de julio de 2008, se contempló de manera fallida incluir el voto obligatorio en la reforma política. Hace una semana, fue presentada al Congreso de la República una nueva reforma política –denominada “para el posconflicto” –, que incluía por enésima vez el voto obligatorio, aunque vía fast track, como entre siete puntos más.

Vamos al grano: Bancolombia auguró que el dólar cerraría en el 2015 a un valor entre $ 2.820 y $ 2.960; Corficolombiana, dijo que estaría entre $ 2.500 y $ 2.800; Corpbanca, se lanzó al charco con un guarismo ponderado de $ 2.500 y la Revista Dinero, predijo que estaría por debajo de los $ 3.000. La respuesta correcta es: $ 3.149. Como quien dice: cero pollito rayado. Hablemos ahora de la inflación: Bancolombia se aventuró a decir que se situaría entre el 3,84 y el 4,44%; Portafolio, mencionó que estaría rondando el 3%; el BBVA dijo que estaría sobre el 3,7%, mientras la Anif y Fedesarrollo manifestaron que oscilaría entre el 3,3 y el 3,5%. La respuesta correcta es: 6,77%. Como quien dice: cero pollito rayado.

Si hay algo que rodee los accidentes aéreos, son las hipótesis y las conjeturas. En estas materias, sin falta opinan pilotos y peritos en aviación y resulta que todos tienen la verdad revelada. Aún sobre los análisis de las cajas negras (que en realidad son rojas), se especula acerca de las reales razones de los siniestros sin que haya consenso jamás. Por ejemplo, ahora se dice que el accidente del vuelo HK-1803 de Avianca, acaecido el 27 de noviembre de 1989, donde murieron 107 personas inocentes (que explotó en el aire) y que siempre se ha atribuido a la obra malhadada de Pablo Escobar, dizque tuvo origen en una falla mecánica (Ver seriado de El Espectador de esta semana).

Ha llamado muchísima atención, el hecho de que las encuestadoras ajusten seis descaches al hilo, en las elecciones para alcaldía de Medellín. Mejor aún, la media docena de burgomaestres en seguidilla han llegado de segundos en las encuestas y han terminado de primeros, en las famosas encuestas de “carne y hueso”.

La Superintendencia de Sociedades le declaró la muerte comercial a David Wigoda. Le espetó calificativos de defraudador, irresponsable y tumbador. Luego se supo que estaba en Israel, donde se reunió con su esposa e hijos. Antes, la pareja había tramitado la separación de bienes en Bogotá, donde Wigoda de forma sospechosa le entregó casi todo su patrimonio a su cónyuge. Los 1.500 tumbados, aproximadamente, conocieron que nunca Wigoda regresaría al país y les retumbaba la frase del ingeniero de origen judío, de que Factor Group era un negocio altamente lucrativo.

Las intentonas de revocatorias de los mandatos de alcaldes y gobernadores en Colombia, han sido todo un fiasco versus los resultados que han vinculado a 165 procesos contra alcaldes y uno solo contra gobernador. Nada de nada. Repárese que apenas 50 llegaron a las urnas y 116 no han superado siquiera la fase de recolección de firmas. Varios medios titularon recientemente: ¿Podría ser el 2017 el año de las revocatorias de los alcaldes? Ello, de cara a que ya se ventilan comités que pretenden revocar a los burgomaestres de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Barrancabermeja y Neiva, amén del gobernador del Quindío.

Acaba de aprobarse en tercer debate en la comisión séptima del Senado un proyecto de ley con la ponencia de la antioqueña Margarita Restrepo –Representante a la Cámara por el Centro Democrático– que pretende elevar de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso de los funcionarios públicos en Colombia.

En manos de tres magistrados del desprestigiado CNE, Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Méndez, está el encargo jurídico de que se indaguen –por fin– posibles movimientos irregulares de dinero para la segunda vuelta de 2014 en la campaña presidencial reeleccionista de Juan Manuel Santos.

“No debería extrañarnos si el violador de la niña Samboní sale en libertad o le dan casa por cárcel, porque no fue capturado en flagrancia”. Esto que parece un chiste flojo, tiene trasfondo porque muestra la insensatez de muchas decisiones, entre las cuales analizaremos más adelante una: la que ocurrió precisamente en el norte de Medellín.