Columnistas

La Superintendencia de Sociedades le declaró la muerte comercial a David Wigoda. Le espetó calificativos de defraudador, irresponsable y tumbador. Luego se supo que estaba en Israel, donde se reunió con su esposa e hijos. Antes, la pareja había tramitado la separación de bienes en Bogotá, donde Wigoda de forma sospechosa le entregó casi todo su patrimonio a su cónyuge. Los 1.500 tumbados, aproximadamente, conocieron que nunca Wigoda regresaría al país y les retumbaba la frase del ingeniero de origen judío, de que Factor Group era un negocio altamente lucrativo.

La Corte Constitucional tiene en sus manos decisiones trascendentales para el presente y el futuro del país. El plebiscito, la conformación de una Comisión legislativa o “congresito” y los poderes especiales para el presidente de la República, todos ellos en función de legitimar y desarrollar los acuerdos fruto de los acuerdos entre el Gobierno Nacional y las FARC.

El delito político está consagrado en nuestras leyes en los artículos del Código Penal números 467, 468, 469, 471, 472 que corresponden a los tipos denominados rebelión, sedición, asonada, conspiración, seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Por lo tanto si hay ciudadanos condenados por alguno de estos delitos son presos políticos.

Propicia es también esta ocasión, no solo para agradecerle al Club de la Prensa, a su junta directiva y a sus socios el honroso premio que me ha conferido, sino para felicitarlo por la invaluable tarea que desde su fundación ha emprendido en busca del mejoramiento intelectual y profesional de quienes lo integran.

Cuando se definió el inicio del proyecto Hidroituango, le propuse a los principales actores, al Gobernador Luis Alfredo Ramos y al gerente del IDEA Álvaro Vásquez, que a través del Instituto nos abrieran unas líneas de crédito blando a todos los municipios interesados en ser accionistas de esa gran obra para tener una renta vitalicia que permitiera alivianar las escasas finanzas y sus ingresos a futuro y con ello se permitiría que los municipios fueran pagando una inversión a largo plazo y el IDEA tendría unos ingresos permanentes por el pago de los intereses, sin que hubiese riesgo ni para los municipios ni para el instituto. Mi propuesta se escuchó por los dirigentes y otros alcaldes que me acompañaron a un acto en el cual homenajeamos la gran iniciativa de la construcción definitiva de Hidroituango; sin embargo no tuvo ningún eco y hoy la obra se construye con todo éxito.

El minimalismo de la historia política es simple: las Farc reconocen la legalidad del establecimiento, entregan las armas y trasladan sus ideales a los órganos de representación política. Al cambio de la política por las armas lo llamamos paz. Fin del conflicto. ¿Qué sigue al fin del conflicto? Posconflicto. Y como el enemigo público no es la pobreza, la corrupción, la inequidad o la falta de oportunidades sino las Farc, y estas quedan en comitiva oficial con el Gobierno, ya se piensa en pasar la página del conflicto. ¿Qué es lo demás? Delincuencia común.

La ampliación de la refinería de Cartagena era una necesidad sentida, como quiera que el país necesitaba aumentar la cantidad de combustibles refinados, pues de 80 mil barriles día que se refinaban, se pasaría con la ampliación a 165 mil barriles día de mejor calidad. Pero ocurrió lo que siempre ocurre en Colombia con las grandes obras (y también con las medianas y las pequeñas): no sólo se demoró su construcción, sino que su valor, en este caso, se duplicó. De 3993 millones de dólares que era el precio inicial de la obra, por arte de magia, mejor es decir por arte de la corrupción, de la noche a la mañana, pasó a costar 8016 millones de dólares, 4023 millones de dólares más.

Colombia, a través de sus gobernantes, se ha ufanado desde hace muchas décadas de posar como una de las mejores y más estables democracias de América Ibérica.

En 2015 la Gobernación de Sergio Fajardo entregó aproximadamente 32 parques educativos. Los costos de los “requerimientos logísticos” para la apertura e inauguración de estos Parques Educativos ascienden a la suma de $ 365.902.892.

He conocido cientos de casos de ciudadanos a los cuales se les sanciona por supuestas faltas de tránsito sin tener el conocimiento de que allí operaba la prohibición, pero como la ignorancia de la misma no servía de excusa, procedieron a notificarles la misma, supuestamente por edicto, porque dizque en muchos casos no los encontraron personalmente en alguna dirección, seis meses después de ocurrida la presunta contravención, como si todo el que adquiera un vehículo tuviera la obligación de recorrer todas las secretarías de tránsito o de movilidad, como la llaman ahora, (que más bien deberían llamar de atracabilidad) para ver si allí hay alguna resolución en su contra.