El informe de la reaseguradora Advanta Global Service se suma a los resultados de la investigación de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, que dio lugar a los libros “Errores Constructivos de Hidroituango” y “La Verdad de Hidroituango – Causas Raíz” del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, y del estudio de la firma Noruego – Chilena Skava Consulting. Los resultados coinciden en que hubo, precisamente, errores constructivos por parte de los contratistas del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.
Más allá de si el documento fue mantenido en “secreto” con intención presuntamente dolosa -porque apenas se conoció en agosto de 2020, no obstante haber sido entregado a EPM por la Reaseguradora inglesa en agosto de 2019- debería importar que se trata de una luz más hacia el camino de la verdad sobre lo ocurrido en Hidroituango y sobre los responsables, para proceder a recuperar los recursos públicos de la gente, de los antioqueños, de los dueños de EPM.
Por eso cobra actualidad un artículo del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez en el que se extraña con la creencia de “que estamos en una sociedad enferma porque las decisiones buenas algunos las hacen parecer como malas o en contra de la institucionalidad”. Se refiere a la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, y del gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, de intentar mediante acciones legales, precedidas de una audiencia de conciliación, “recuperar unos dineros públicos que están perdidos y lo normal es que se haga un proceso de reclamación porque es un asunto absolutamente legal”.
Es llamativa la actitud de quienes han criticado la decisión normal y legal de defender los dineros públicos, precisamente en un País en el que el prurito es exigir la defensa de los recursos públicos, acabar con la corrupción y evitar que las pérdidas del erario las paguen los ciudadanos.
“Estamos acostumbrados a que, si se pierden dineros en EPM, si hay errores constructivos, o sobre costos exagerados, todo va a las tarifas y ahí tienen al pueblo antioqueño pagando y exprimiéndolo con tarifas de servicios públicos muy altas”, recuerda el Ex Gobernador en su artículo.
Luis Pérez Gutiérrez dice que lo que debería generar rechazo es que casi tres años después de la contingencia de Hidroituango “ni la Junta Directiva de EPM, ni EPM habían tomado la decisión de empezar a buscar los culpables de un desfalco que puede ser de más de 9 billones de pesos”.
Por eso le parece extraño y hasta enfermizo que, a pesar de las quejas permanentes de las altas tarifas de servicios públicos, pareciera que muchos prefirieran que el daño emergente y el lucro cesante, producto del desastre en Hidorituango, EPM los cobrara a los ciudadanos con unas tarifas de servicios públicos más altas.
Lo lógico, entonces, es que se emprendan acciones legales que determinen, finalmente, que si alguien se equivocó, pague por su error, “o que paguen los seguros, pero que no sea el pueblo el que siempre termina pagando los errores”.
En un Estado Social de Derecho como el colombiano, la Constitución y las leyes son la forma civilizada, racional y lógica de dirimir los conflictos entre quienes creen tener la razón y su contra parte que también cree tener la razón. Y en medio está la gente que debe gozar de la garantía de que el Estado le defienda, además de su vida y su honra, sus bienes y su patrimonio. En este caso, EPM y los recursos públicos, que son suyos y que están en riesgo de perderse.
“Yo no salgo del asombro de que esta sociedad esté tan enferma que haya gente que está diciendo que lo que hace el alcalde Daniel es irracional”, sentencia el exgobernador Pérez Gutiérrez, confiando en que no debe haber tropiezos, críticas y ataques, si alguien obra con la ley y con la verdad para defender el bienestar y los intereses de todos.
