Por: Gabriel Zapata Correa

Cuando estamos a punto de concluir otro año lectivo, quedan irremediablemente reflexiones sobre algunos aspectos relacionados con la educación en las aulas. Si bien desde todos los sectores, se reclama calidad y cobertura en la formación de los estudiantes, esta vez me ocuparé de la tarea docente, como una de las funciones  vitales y relevantes en la sociedad, por estar implicada en la construcción de futuro.

 

Este año que está  a muy poco de expirar y con un gran despliegue veíamos estupefactos varios videos realizados por estudiantes de colegios españoles en los cuales se mostraban todo tipo de vejámenes cometidos por estudiantes contra maestros, sin que en ese país, el estado hiciera valer el respeto a la dignidad y a la profesión de los educadores.


Este mal ejemplo que se repite constantemente en instituciones educativas de la madre patria y que ha llevado a algunos profesores a abandonar precipitadamente la universidad para acogerse a jubilaciones anticipadas, afortunadamente no se registra de igual manera en nuestros centros educativos, pero si llama a la reflexión sobre el filo en el cual se mueve la relación profesor- alumno soportada en múltiples causas como: la ausencia de valores, el irrespeto a la autoridad,  la poca estimación por la vida, la intolerancia a la diferencia, a disentir; todo esto sumado a los graves episodios de violencia que se registran una y otra vez en los planteles educativos. 

La compleja labor del docente está atravesada en muchas ocasiones, por amenazas, asesinatos, desplazamientos, que han obligado en múltiples casos a una deserción forzosa en la docencia. 

La lectura que hoy nos ocupa frente al papel del educador, nos obliga a hablar también de la baja remuneración que obtienen y que conduce indiscutiblemente a un desencanto frente a la labor fundamental de formar individuos para el mundo. 

Nuestras propuestas para dignificar la labor del docente van encaminadas a obtener una legislación que proteja la respetabilidad del profesorado dentro de los centros educativos, reconociendo sin ambigüedades ni posibilidad de equívoco, la autoridad del docente en el ámbito académico. Una legislación que dignifique la actividad pedagógica, recorriendo de nuevo la senda del sentido común, para que de esta manera pueda el profesorado volver a realizar orgulloso y satisfecho, la función social prioritaria que se le tiene encomendada.

Una legislación que no vulnere o degrade el derecho de los alumnos a recibir una enseñanza de calidad.