“La Ley de Garantías es una norma ineficaz”, afirmó el abogado Juan David Mesa, quien realizó la Tesis de su Maestría en Derecho sobre esta Ley que prohíbe a todos los entes del Estado, incluidos los territoriales, acudir a cualquier modalidad de contratación directa durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, en caso de que sea necesaria. En “El principio de eficacia administrativa y las limitaciones contractuales en la Ley de Garantías”, nombre de la Tesis, deja en claro que es una Ley a la que es muy fácil “hacerle conejo”.
Juan David Mesa dijo en Sinergia Informativa que pese a la aparentemente loable justificación de la restricción contractual inherente a la norma (porque busca evitar que el Candidato – Presidente tenga, mediante la asignación de contratos, la ventaja sobre sus émulos), el propósito principal no es alcanzado y, en cambio, la administración pública es afectada porque se frenan las contrataciones necesarias para materializar planes, proyectos y programas diseñados para garantizar el interés general.
“Se paraliza toda la contratación, no obstante las necesidades urgentes de cumplir con los planes de desarrollo. Y contrario al objetivo principal de la Ley, las contrataciones y las vinculaciones se hacen a diestra y siniestra cuatro meses antes, logrando el propósito electoral que la norma quiere evitar. Lo más pereverso es que la prohibición, creada por la reelección presencial, se trasladó a las demás elecciones territoriales”, explicó.
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Juan David Mesa está de acuerdo con la senadora Paola Holguín y el representante Juan Espinal, autores de la iniciativa. Le parece importante, como los dos congresistas dicen, “contrarrestar el cíclico aumento exponencial de la contratación directa en todos los entes del Estado, previo al inicio de la prohibición, en detrimento de los principios de transparencia y planeación. Según la Auditoría General de la República, en 2018, ad portas de la entrada en vigencia de las restricciones contractuales, el número de los contratos directos creció 143.43%. Cuatro días antes del límite para contratar, se suscribieron 43.734 contratos a nivel nacional”.
Sin embargo, cree que los dos congresistas del partido Centro Democrático quieren derogar la Ley 996 de 2005 a la medida de los intereses políticos de su Colectividad.
“Centro Democrático no ha podido llegar al poder de importantes gobernaciones y alcaldías del País. Y como el esguince que se le hace a la Ley de Garantías se convierte en un régimen que facilita la sucesión del partido o movimiento que está en el poder, quieren que la Ley de Garantías no sea un instrumento que les impida acceder al poder en las grandes ciudades. El partido Centro Democrático la promovió para lograr la relección de su máximo líder y hoy no la necesita”, explicó el Abogado Administrativista.
