Por: Alfaro García

En el marco de un estado social de derecho uno de los deberes es respetar el conjunto de normas, leyes y decretos, bajo las cuales se desarrollará la acción del estado en la dirección del gobierno y la responsabilidad indelegable de hombres y mujeres competentes que defiendan los intereses de todos.

 

Muchas veces, y por el capricho del gobernante de turno se nombran personas que desconocen sus funciones y más parecen tenderos de pueblo.

En la confirmación de los hallazgos fiscales, administrativos y penales encontrados en el proceso de auditoría gubernamental por LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA durante los años 2.008 y 2.009 y enviados al Director el 28 de enero de 2.010 aparece en el podio el Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres – DAPARD – con por lo menos 79 casos con hallazgos, de los cuales 34 de ellos de índole fiscal ocurrieron durante el año 2009, sólo el municipio de Dabeiba lo supera con 55 hallazgos fiscales, que pueden en ambos casos dar origen a una responsabilidad fiscal, ya que se podría configurar un daño patrimonial.

Para el DAPARD este presunto daño patrimonial se estima en una cifra cercana a los 1.000 millones de pesos, debido a que su administración puede hoy calificarse como una gestión fiscal “antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna”, en otras palabras una gestión que impide alcanzar los fines esenciales del estado.

Se encuentran hallazgos, con los más elementales problemas, pero violatorios de la normatividad, relacionados con el ejercicio de las funciones contractuales hasta los más graves en los que se evidencia presunto favorecimiento a terceros, tales como: registros presupuestales creados posteriormente a la fecha de su legalidad; violación de los requisitos legales de procesos de selección abreviada para evadir licitaciones públicas; contratos que no se sometieron a la aprobación del comité de contratación; constitución de pólizas meses después de suscribir el contrato; violación al principio de transparencia al darle al mismo contratista (Diego Mazo Arias) 43 contratos entre el 2008 y el 2009 por un valor de $1.336 millones de pesos, bajo la modalidad de mínima cuantía y con el mismo objeto; contratos que no están soportados con sus respectivos pliegos de condiciones o términos de referencia; ausencia de diseños, estudios previos y planos en la totalidad de los contratos; desviación de poder al celebrar tres contratos con el mismo objeto y en el mismo sitio, con tres contratistas diferentes, seguido el uno del otro, evadiendo con ello el proceso de contratación con formalidades plenas; y la contratación de obras que no tienen nada que ver con la misión que debe cumplir el DAPARD, entre muchas otras.

Llama la atención los contratos realizados con el municipio de Ituango por un valor de $719.782.179, con GEDI para atender los municipios de Cáceres y Tarazá por $282.858.000, con el municipio de Briceño por un valor $303.055.095, con el municipio de Urrao por $419.902.025, con REDEPAZ para atender el municipio de Nariño por una cuantía de $166.040.060, con el municipio de San Luis por $106.500.00, con la Corporación Ayuda Humanitaria para atender los municipios de Betulia, Segovia y Remedios por un valor de $456.905.150, todos ellos con el objeto de generar ingresos a través de la ganadería para familias desplazadas, en donde se encontró un sobrecosto total de $189.199 millones en la adquisición del ganado, luego de comparar los precios de mercado controlados por la Central Ganadera de Medellín con los pagados por el DAPARD, a lo que se agrega la mala calidad del ganado comprado, algunos con 2 tetas, sin dientes, flacos, no aclimatables, pequeños, etc, condiciones éstas que en el comercio hacen que estos animales sean utilizados preferiblemente para el procesamiento cárnico no apto para consumo humano directo y no para los fines establecidos y en el municipio de Ituango se evadió el proceso de contratación con formalidades plenas, desconociendo los artículos 209 y 267 de la constitución política y el numeral 8 del artículo 24 de la ley 80 de 1993.

Así las cosas, podría decirse que el DAPARD se ganó la medalla al desgreño administrativo y violador de todas las normas legales sobre contratación pública. Este es el resultado de un gobierno tardo a la hora de responderle a la legalidad, un gobierno serio separaría del cargo a los funcionarios incompetentes que están más interesados en favorecer a terceros que al colectivo.

Esperamos que la CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ANTIOQUIA compulse copias de estos hallazgos a la Procuraduría y la Fiscalía, demostrando así que puede superar las seducciones de los ojos encantadores de medusa porque de lo contrario correría el riesgo de quedar petrificada, y nosotros los ciudadanos de nuevo burlados.