Por: Luis Pérez Gutiérrez
No existe en el planeta un país con una ilegalidad tan compleja como la colombiana. Inequidad severa. Narcodroga de exportación. Microtráfico intenso en las grandes ciudades. Guerrilla. Paramilitares. Delincuencia común. Captura del Estado. Y la insólita metamorfosis de los ilegales confunden más a la Justicia: Se pasa a conveniencia de Guerrillo a Para, o de Narco a Para, o de Para a Guerrillo, o de Guerrillo a Narco y viceversa.
Y es una ilegalidad fortalecida con la impunidad.
Cuando hay impunidad los delitos crecen. Si no son castigados, los ilegales se sienten con licencia para seguir delinquiendo y se vuelven modelo a seguir para aquellos que gustan del ascenso fácil apoyándose en hombros de otros. La impunidad es abono para la ilegalidad y debilidad para la justicia.
En Colombia la impunidad y la ilegalidad son campeonas. Delitos atroces se quedan sin castigo. Muchos líderes fueron asesinados por manos negras, invisibles, nunca identificadas. A los ilegales les ofrecen procesos de paz cada cuatro años. El delito se ha vuelto una actividad empresarial tan disfrazada que no se alcanza a castigar. En fin, los que están por fuera de la ley buscan que sus empresas del crimen se perciban como luchas políticas para entrar en la nebulosa de la impunidad y así avanzar en la metamorfosis de ilegal a líder de paz.
Ante un escenario tan esquivo para la legalidad, hay mensajes que desalientan.
La supresión del Ministerio de Justicia fue una muy mala señal. En esencia, se envió el erróneo mensaje que la Justicia no es vital para Colombia. Ante la fatiga de la Justicia, cada día es más fuerte el sentimiento ciudadano que el Ministerio de Justicia debe recrearse.
Y ahora, una Fiscalía sin Fiscal. La máxima entidad de justicia del país en interinidad casi ocho meses es mal ejemplo.
A pesar de que el Fiscal encargado Guillermo Mendoza es un ejecutivo notable de la Justicia, y que debió estar en la terna, un encargo tan prolongado debilita la institucionalidad.
La Corte Suprema de Justicia no debe demorar más el nombramiento de Fiscal en propiedad.
Pero por fuera de las disquisiciones jurídicas, hay dos detalles que preocupan.
Uno. Muchos funcionarios públicos han sido sancionados porque nombran empleados subalternos en encargo por más de 90 días. Ahora la Corte Suprema de Justicia mantiene un Fiscal General encargado por casi siete meses sin que en apariencia se incurra en ninguna ilegalidad. Podrá en el futuro investigarse a alguien que mantenga en encargo funcionarios públicos por más de 90 días? Este antecedente deja a organismos de justicia sin ética para penalizar por encargos prolongados en cargos públicos.
Y Dos. La misma Corte Suprema acaba de fallar una tutela que obliga a la Fiscalía General a nombrar en máximo 15 días, 2.300 empleados que aprobaron el concurso de méritos para ingresar a la carrera administrativa; y por ende, despedir 2.300 funcionarios que laboran hace años en la entidad.
Sin duda es una tarea compleja que debería aplicar el Fiscal en propiedad. Lo razonable sería que la Corte Suprema hubiese obligado al nombramiento de esos 2.300 funcionarios luego de que ella misma nombrara un Fiscal General en propiedad.
Fiscal General en propiedad y un nuevo Ministerio de Justicia son hechos obligantes para restaurar la confianza en una justicia que erradique la ilegalidad que en todas sus expresiones carcome a Colombia.