Por: Eugenio Prieto Soto
“La opinión pública ha dado una verdadera lección de vigilancia y control sobre la gestión pública”
La reciente crisis generada por el trámite, aprobación y hundimiento de la Reforma a la Justicia ha dejado grandes reflexiones y precisas lecciones que deben ser analizadas, aprendidas y aplicadas por todas y cada una de las ramas del Estado. Como lo hemos dicho, este lamentable episodio, además de debilitar la institucionalidad y la confianza ciudadana en sus legisladores y en sus gobernantes, socavó el Estado de Derecho y resquebrajó la confianza entre Gobierno y Congreso.
El repartimiento de las responsabilidades que quepan en incidentes como los ocurridos no se hace sobre peligrosas generalizaciones, sino de manera adecuada a todos y cada uno de los que intervienen en tales decisiones, máxime cuando se trata de proyectos de actos legislativos o reformas constitucionales de iniciativa gubernamental. La colaboración armónica entre los poderes debe significar exactamente eso: la construcción de lo público desde las distintas áreas de gestión y los ámbitos de competencia, unidos por los propósitos constitucionales.
En materia de responsabilidades, partiendo del principio de no repetición, en el Congreso de la República debemos reformar la Ley 5/92, entre otras para reformular la especialidad, alcance de las competencias e integración de las comisiones de conciliación, cuyos miembros deben haber conocido cabalmente las discrepancias, los acuerdos y por sobre todo el espíritu de lo aprobado en cada debate en comisiones y plenarias, de manera que se garantice la coherente respuesta de la labor conciliadora con el principio de confianza legítima que deposita el Congreso en los miembros designados en las comisiones de conciliación.
La verdad en este aspecto es sin duda un deber y un derecho esencial. El Partido Liberal Colombiano ha decidido integrar una comisión de la verdad, que permita esclarecer si alguno o varios de los conciliadores que representaron al Partido en la conciliación, pudieron haber ido más allá de sus competencias, en las modificaciones que se le hicieron a la reforma. En este sentido de responsabilidades políticas y jurídicas, el país merece, espera y exige conocer la verdad. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en el Congreso de la República? ¿Dónde se hicieron los cambios que desnaturalizaron la Reforma? ¿Quién o quiénes son responsables del engendro?
La opinión pública ha dado una verdadera lección de vigilancia y control sobre la gestión pública. Es necesario hacer un reconocimiento a las voces de disenso expresadas por las redes sociales, las cuales resultan esenciales para la construcción de una verdadera democracia. El concepto de legitimidad ha superado con creces al de la legalidad o validez. La ciudadanía responsable a través del avance de las TIC, asume ese rol vigilante en los procesos legislativos y en las decisiones ejecutivas para que ellas atiendan esencialmente al interés general.
El hundimiento de la Reforma por parte de la ciudadanía, no puede hacer perder de vista que subsiste la necesidad de una reforma frontal y sustantiva de la justicia. La sociedad con sus manifestaciones lo reclama. Es inaplazable por tanto, la creación de una mesa de diálogo y concertación nacional con intervención de todos los sectores implicados en la justicia, que sobre la base de reglas públicas, transparentes y eficientes, garantice que sus integrantes permanecerán en el diálogo hasta construir una propuesta coherente y congruente, cuyo trámite en el congreso respete y coincida con el espíritu de lo allí acordado.
Los momentos que vive el país exigen repensar los papeles de cada uno de los actores, pues como dijera Albert Einstein, “en tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto”, y a ello debemos aplicarnos todos, máxime que es urgente la reconstrucción de las significaciones constitucionales y sociales de los conceptos esenciales para la vida colectiva.
