Por: Eugenio Prieto Soto
Por falta de control en la actualización de la UPC para el 2011, pudo haber ingresado al Sistema de Salud alrededor de un billón de pesos adicional, senador liberal Eugenio Prieto.
En artículos anteriores tratamos de avanzar en el análisis de algunas variables de la actual crisis del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), entre ellas, la compleja incidencia de la falta de rectoría por parte del Estado en la responsabilidad de ejercer las competencias del Ministerio de la Protección Social en regulación y de la Superintendencia Nacional de Salud en inspección vigilancia y control. Hoy reitero, se hace impostergable la revisión retrospectiva y el ajuste del débil modelo de control del Sistema.
En tal sentido, me referiré a la denuncia realizada a la Contraloría General de la República por la viceministra de Salud y Bienestar, Beatriz Londoño, sobre irregularidades en la definición de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2011, que por Ley le corresponde realizar a la Comisión de Regulación en Salud (CRES), la cual con la facultad de definir y modificar las normas regulatorias del SGSSS, tiene la misión de promover un modelo de competencia regulada, consultando para el régimen contributivo, el equilibrio financiero del Sistema y para el régimen subsidiado, la compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Mediante radicado 024962 del 1 de febrero del 2011, la viceministra Londoño denuncia problemas sobre el no reporte, la falta de cobertura, de oportunidad, de confiabilidad y de calidad de la información presentada por parte de algunas EPS, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, para la elaboración del estudio técnico que permite determinar el monto de la UPC para la vigencia fiscal 2011 y solicita: “…evaluar la procedencia de adelantar acciones de investigación (…) y eventualmente determinar, si a ello hay lugar, las responsabilidades correspondientes”.
Con claridad denuncia la viceministra en el documento que “La CRES, mediante el Acuerdo 19 de diciembre 29 de 2010, además de fijar el valor de la UPC del POS en los regímenes contributivo y subsidiado que ha de regir para la vigencia fiscal 2011, consideró que los estudios técnicos realizados para determinar la suficiencia de la UPC para la financiación del POS y la sostenibilidad del Sistema, evidencian inconsistencias en la información que reportaron las EPS sobre frecuencia de uso y gasto médico, especialmente en lo referente a medicamentos, afectando la confiabilidad de las cifras y, por lo tanto, no permiten tomar una decisión definitiva con base en ellos”.
Se puede deducir en la denuncia, que en este sexto año consecutivo de realizarse el Estudio de Suficiencia, no obstante, en el 2009 no haber incremento en las coberturas del POS y la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) haber sido del 2%, no se justifica que el valor total reportado para el estudio 2009 presente un incremento del 18% en las EPS de la selección y los medicamentos un incremento del 166%.
Se plantea que por este error, por falta de control o de tecnicismo en la actualización de la UPC para el 2011, pudo haber ingresado al Sistema alrededor de un billón de pesos adicional. No sabemos a dónde se hubieran dirigido estos recursos, a cualquier parte diferente a la de mejorar la oportunidad y calidad en la atención del derecho fundamental a la salud.
Como estamos hablando de recursos públicos, no pocos, y un mal cálculo puede expresarse en billonarios recursos que ingresan irregularmente al Sistema, con la demostrada debilidad del modelo de control en estos 18 años de vida del Sistema, nos preguntamos: ¿Para los años anteriores no se presentaron este tipo de inconsistencias, distorsiones, falta de calidad y confiabilidad que afectaran la información disponible para realizar los estudios técnicos para la definición de la UPC y por tanto su actualización?
