Por: Luis PérezTransparencia Colombia investiga sobre el riesgo de corrupción en entidades estatales. En 2008, examinó las 138 entidades del gobierno nacional más importantes entre las que incluyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG.
La CREG se considera la más técnica y científica, expide complejas resoluciones de tarifas que ni la gente ni el Presidente entienden; y obliga, contra todos los principios, a que las tarifas de energía suban cada año más del 200% la Inflación.
Esa CREG no tiene quién la ronde. Desatendiendo los dictámenes de la sentencia 41 de 2003 de la Corte Constitucional que exige participación del usuario, la CREG impuso la doctrina que la gente, los usuarios, nada tienen que decir en regulación de tarifas.
Y legisla a su antojo. A EPM, por ser pública, se le prohíbe crecer más del 25% en generación de energía por convertirse en posición dominante del mercado; pero a ISA con el 82% del mercado de transmisión de energía, la CREG no la considera dominante ni le prohíbe crecer.
Con tanta fastuosidad, con tanta soberbia institucional, con tanto odio por la política, con tanto desprecio por el pensamiento ciudadano, uno esperaría que la CREG fuese la mejor calificada por Transparencia Colombia. Pero no es así. Transparencia Colombia descubrió la gran cercanía entre la CREG y la Corrupción. El nefando Indice de Transparencia Nacional de la CREG fue 35.9% lo que en riesgo de corrupción le mereció el vergonzoso puesto 135 entre 138. Este deshonroso puntaje en el ITN indica que en la CREG “existen condiciones institucionales que favorecen en máximo grado la corrupción”.
La CREG se compone de cinco miembros nombrados a dedo por el Presidente para períodos de cinco años. Para regular tarifas expiden confusas teorías adobadas con largas ecuaciones con el fin de que ni los jueces ni el Presidente ni la gente entiendan ni tengan aliento de reclamar. No observan el principio de simplicidad y detrás de esa oscuridad científica se torna invisible la corrupción.
Cinco personas nombradas a dedo dictan resoluciones con fuerza de ley y suplantan al Congreso de la República desde hace 15 años en el vital tema de los SSPP. Qué vergüenza!
La privatización de empresas de energía se hizo con la promesa que las tarifas rebajarían, pero fue falso. Cada año las tarifas aumentan más del 200% la inflación y ahí es evidente el fracaso de la CREG.
Los ciudadanos de Colombia pagamos anualmente más de $15 millones de millones de pesos en tarifas de energía. Es un mercado más grande que el narcotráfico. Por cada un uno por ciento de más que le suban a las tarifas, le quitan a los usuarios $150.000 millones año; y como es común, si le suben un 10% de más a las tarifas, le “roban” a los usuarios 1.5 millones de millones de pesos año. Son cifras escandalosas que no caben en la cabeza!
Una CREG con condiciones institucionales de máximo riesgo de corrupción no es garantía para manejar semejantes cifras del bolsillo directo de la gente.
La CREG no fue capaz de autoconstruir una entidad justa y alejada de la corrupción. Por dignidad, la CREG debería disolverse.
Es hora que el Presidente Uribe muestre su talante de reformador, su real interés por combatir la corrupción y su corazón grande a favor de la gente. Debería dictar de inmediato una reforma total de la CREG.
Si el Presidente Uribe no se interesa, qué bueno que candidatos presidenciales se comprometan a disolver la CREG y crear un organismo más justo para usuarios y empresarios que le devuelva la racionalidad al mercado de las tarifas de energía.
