El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, se refirió a la imputación de la Contraloría General de la República sobre su presunta responsabilidad fiscal en las irregularidades en la contratación, ejecución y control del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, las cuales generaron un detrimento cuantificado en 4.1 billones de pesos.
El Gobernador emitió el siguiente comunicado:
1. He sido, soy y seré respetuoso de las instituciones. Ante ellas, y con los procedimientos e instancias determinadas por la ley, respondo y responderé por mis actuaciones.
2. Como ciudadano y como servidor público he actuado siempre con apego a la ley y a las normas, he defendido los intereses de las instituciones y de las comunidades que me han elegido, actuando con la mayor diligencia y transparencia, con total esmero, y poniendo todas mis capacidades al servicio de los intereses públicos.
3. Tengo la convicción de que el proyecto Hidroeléctrico Ituango, de propiedad mayoritaria de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, que está siendo desarrollado mediante un contrato por EPM, ha sido diseñado y ejecutado, siguiendo los más altos estándares de la técnica y la ingeniería, por numerosos equipos de profesionales en todas las disciplinas pertinentes, con asesores y acompañamiento nacional e internacional de firmas especializadas de la mayor reputación.
4. También tengo la convicción de que todas estas personas, instituciones y empresas han actuado basados en estudios, con criterios científicos y técnicos, y que la gravísima contingencia que afronta el proyecto fue producto de una situación que no tuvo origen ni en dolo o mala intención de alguno de los actores.
5. Durante mi gestión como alcalde de Medellín estuve atento a ser informado del avance del proyecto e hice el acompañamiento que me correspondía basado en la confianza que siempre me generaron los equipos de trabajo conformados por profesionales idóneos en todas las disciplinas.
6. La investigación que desarrolla la Contraloría, y las que avanzan otras instituciones competentes, son pertinentes y necesarias, un hecho de estas dimensiones y características amerita absoluta rigurosidad y claridad. Nuestro deber, no solo personal sino institucional, es colaborar y facilitar el desarrollo de estas investigaciones para que se llegue al fin deseado por la sociedad: la verdad y la justicia.
7. La decisión tomada por la Contraloría no es definitiva, es una imputación que marca el ámbito en el que se desenvuelve la investigación derivada de la contingencia. Ante la propia Contraloría General de la República entregaré las pruebas, documentos y explicaciones pertinentes, con la certeza de que demostrarán la transparencia de mis actuaciones y con la tranquilidad de que la verdad siempre se impone.
8. Expreso mi solidaridad con las demás personas tanto naturales como jurídicas cobijadas por esta investigación. Espero y confío en que puedan demostrar su inocencia, así como la fundamentación y transparencia de sus acciones.
9. Hoy, como Gobernador de Antioquia, seguiré contribuyendo para garantizar la terminación y puesta en marcha del proyecto para que le sea útil a EPM, al Municipio de Medellín, a Antioquia y al país.
El gobernador Aníbal Gaviria hace parte de un grupo de 28 personas naturales y jurídicas imputadas por la Contraloría General de la República, entre las que se encuentran los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, y el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar.
