Ante el Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, se posesionó este lunes, 3 de agosto, la Comisión Tripartita del proyecto hidroeléctrico Porce IV que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 56 de 1981, será la encargada de elaborar el Manual de Valores Unitarios, documento base para la concertación y negociación de los predios y actividades económicas con las personas y familias impactadas por la obra.
La Comisión quedó integrada por  el Sociólogo Agustín Tobón Gil, representante de los propietarios, con suplencia del Abogado John Jairo Cano Patiño. En representación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, actuará Daniel Antonio Cárdenas, y como delegado de EPM fue designado Luis Fernando Londoño Flórez, del Departamento Bienes Inmuebles, con suplencia del funcionario Juan Fernando Correa Agudelo.

Con su posesión, comienza en firme el trabajo de la Comisión para establecer de manera concertada la dinámica y metodología para elaborar el Manual de Valores Unitarios.

Antecedentes y avances

También en cumplimiento de la Ley 56 de 1981, el pasado 30 de mayo se realizó la Asamblea General de propietarios en la cual participaron los dueños de los predios incluidos en el polígono de utilidad pública, debidamente censados. Al acto asistieron más de 600 personas, de ellas 267 propietarios que representan el 70% de los 386 que han sido identificados con predios en la zona de utilidad pública e interés social.

EPM avanza con el proceso de actualización de la información socioeconómica, minera, predial y de transportadores fluviales en la zona de influencia de Porce IV.  La información recolectada hasta la fecha da cuenta de un aumento desbordado de población respecto a la registrada en estudios y bases de datos anteriores a la declaratoria de utilidad pública del proyecto, otorgada por el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución 316 del 26 de agosto de 2008.

En un proceso informativo permanente, EPM ha sido reiterativa en explicar que los resultados de esta actualización serán sometidos a un proceso de validación y verificación de la información, contrastándolos con las bases de datos de estudios anteriores y de instituciones competentes del orden local, regional y nacional. De esta manera se determinará con objetividad la población realmente impactada por el proyecto, con la cual se llevará a cabo el proceso de concertación y negociación.