Sinergia Jurídica

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de iniciar indagación preliminar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero; al gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso; y a los miembros de la Junta Directiva de EPM, parece una contradicción de la misma Procuraduría General de la Nación.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá interpuso recurso de reposición a la Resolución del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM-, mediante la cual le suspendió la autorización para realizar mediciones de emisiones generadas por fuentes móviles.

El Contralor Delegado Intersectorial No. 2 de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría General de la República decretó la suspensión de términos dentro del proceso de responsabilidad fiscal que adelanta el organismo de control en el caso Hidroituango por daño emergente y lucro cesante tasados en 4,3 billones de pesos.

La Contraloría General de la República –CGR- dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal por 2.9 billones de pesos, proferido en abril pasado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción en contra de dos expresidentes y tres exvicepresidentes de Reficar, siete miembros de su junta directiva (incluyendo al Presidente de Ecopetrol para la época de los hechos) y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería.

Si el interés particular es preeminente, entonces el principio fundamental de una República fundada en la prevalencia del interés general, expresamente planteado en la Carta Política de Colombia, es solo buena literatura que sirve para cuando el oportunismo político pueda echar mano de ella. Ese interés privado parece ser el que está prevaleciendo alrededor de la decisión de la Contraloría General de la República de fallar con responsabilidad fiscal por culpa grave, contra 26 personas naturales y jurídicas, por daño fiscal al Proyecto Hidroeléctrico Ituango, por $4.330.831.615.227,34, correspondientes a $3.157.419.881.218,97 por destrucción del valor de la inversión por mayores valores injustificados y lucro cesante por $1.173.411.734.008,37.

La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad de la elección del gerente General de EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, por presuntamente haber sido nombrado como tal encontrándose incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 10° del Decreto Ley 128 de 1976..

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la preclusión del proceso iniciado contra del exgobernador de Antioquía, Luis Pérez Gutiérrez, por denuncia por presunta injuria y calumnia contra el movimiento “Ríos Vivos”, además de supuestos actos de discriminación, hostigamiento y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

Como respuesta a la inquietud de algunos miembros de la sociedad política, jurídica y periodística sobre la constitucionalidad y la legalidad de Aníbal Gaviria Correa de volver a asumir el cargo como Gobernador de Antioquia, como hecho consecuente al Auto de libertad provisional expedido por la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio del Interior expidió el 28 de septiembre de 2021 una comunicación de decaimiento de los decretos 237 y 298 de 2021.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, a partir...

La decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la providencia proferida por la Sala Especial de...