Mediante Auto del 8 de marzo de 2023, suscrito por la magistrada la Corte Constitucional, Natalia Ángel, fue admitida la Acción Pública de Inconstitucionalidad en contra de la Ley 2272 de 2022, conocida como la “Ley de paz total”, presentada por las senadoras del partido de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.
Con esta decisión, la Corte Constitucional inicia el examen de fondo de los cargos de inconstitucionalidad que fueron formulados para anular esta Ley. Los siguientes son los cargos argumentados por las senadoras:
1. Vicio insubsanable de procedimiento por falta de concepto del Consejo Superior de Política Criminal. Según lo certificó la Secretaría General del Senado, dicho concepto no fue presentado en la radicación del Proyecto ni en ninguna de las fases del trámite legislativo. De esta manera, el Gobierno de Petro infringió gravemente el diseño institucional y las reglas de formación de las leyes, contenidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica 5a. de 1992, el artículo 167 de la ley 65 de 1993, el Decreto 2055 de 2014 y lo ordenado en la sentencia T-762 de 2015.
2. Vicio de inconstitucionalidad del penúltimo inciso de los artículos 2, 10, 11 y 12, por vulneración de los principios de consecutividad e identidad flexible, pues la Comisión de Conciliación incurrió en una extralimitación de funciones al incorporar en el texto del informe final, estos artículos que fueron expresamente negados por la Plenaria del Senado, lo cual implica una violación al principio de consecutividad al no haber sido aprobados en los cuatro debates.
3. Vicio de inconstitucionalidad del artículo 5 por desconocimiento de los derechos de las víctimas a la igualdad y acceso a la justicia, incurriendo en una omisión legislativa.
De acuerdo con las senadoras Cabal, Holguín y Valencia, el examen que hará la Corte Constitucional del proyecto de Ley de “Paz Total”, será un nuevo reto en el País para demostrar la vigencia de la Constitución, de la Ley y de los pesos y contrapesos que representa la división de poderes en un Estado Social y Democrático de Derechos.
