Por: Jorge Gómez
Este viernes fue aprobada por el Concejo de Medellín la autorización para que el Alcalde de la ciudad comprometa la suma de $ 400.000 millones de pesos con destino al proyecto Autopistas de la Montaña, en una votación en la que, acompañando su negativo voto solitario, el Concejal del POLO, Carlos Ballesteros aclaró que el proyecto es ilegal al comprometer recursos del Municipio en una obra que no es de su competencia y tampoco está incluida en el Plan de Desarrollo local. Sus argumentos son de gran profundidad, y seguramente darán pié a la formulación de una o varias demandas contra el Acuerdo aprobado.
Ya la Asamblea Departamental había tramitado una ordenanza similar en la que se autorizó al Gobernador a comprometer vigencias futuras por $ 600.000 millones con el mismo propósito. Se parte de la base de lo imprescindible de las obras para la región, asunto sobre el que voy a reflexionar en una segunda entrega. Pero además, y de manera muy enfática, han insistido los promotores de estas decisiones, que el aporte de los entes territoriales es una especie de vehículo para que la Nación concurra con otro billón de pesos, y de esta forma salvar la viabilidad de las mega – obras, que además tendrán como estructuradora y aportante de los otros 3.6 billones de pesos que se calcula van a requerir, a la empresa de economía mixta Interconexión Eléctrica S.A., ISA.
Después de muchas idas y venidas, por fin fue promulgado el Documento Conpes 3612 el 21 de septiembre, que se denomina Programa Estratégico de Autopistas Fase I – PROESA I, ya que involucra además del proyecto que nos ocupa otros dos: la Transversal de las Américas y la Autopista Bogotá – Villavicencio. Quien lo lea con cuidado, advertirá en la Tabla # 14, que el compromiso del Gobierno está expresamente denominado “Aportes Nación Máximos para el Proyecto”.
También encontrará que la financiación deberá llevarse a cabo “con cargo a un programa gradual de enajenación de la participación de la Nación en Ecopetrol S.A., hasta por el 10% de dicha participación”, y que “en todo caso, dado que las necesidades de financiación inician en la vigencia 2011, el Gobierno Nacional, atendiendo la evolución de los ingresos de la Nación, contemplará mecanismos de financiación alternativos, asegurando que el desarrollo de dichos proyectos no aparten a la Nación de una senda de deuda sostenible en el mediano plazo definido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.
Lo que establece de manera precisa ese documento es un techo para los aportes de la Nación, no una cifra mínima o fija, que esos aportes dependerán de la posible venta de otro 10% de las acciones de Ecopetrol y que además, los desembolsos necesarios para iniciar el proyecto en 2011, dependerán de circunstancias no predecibles. Es decir, un “sí”, con muchos “quizás”.
Este gobierno, en trance de segunda reelección, y rodeado de la más surtida variedad de escándalos, posee entre sus más protuberantes características, la de generar titulares de prensa que ilusionan a la galería con grandes realizaciones. Tiene la más alta experticia en producir fuegos fatuos. En el caso que nos ocupa, lo que hay en la vida real, es apenas una posibilidad de que el Gobierno central aporte a las obras, y no una obligación concluyente de hacerlo. Se avizora sin mucho esfuerzo que estamos ante otro de sus conocidos “conejos”, consistentes en anunciar, gracias a frasecitas calculadas y con grandes despliegues mediáticos, realizaciones que se sabe no se van a ejecutar o sobre las que existe un alto grado de incertidumbre.
