Por: Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán
Senador de la República
Partido Conservador Colombiano
Medellín fue sede este sábado, 21 de junio, de un hecho que volvió a extremar posiciones en la política local y nacional: el presidente Gustavo Petro llegó a la Ciudad con su comitiva ministerial y el respaldo de congresistas del Pacto Histórico, para presidir el evento denominado “Un pacto por la Paz Urbana de Medellín”.
Lo que parecía un acto simbólico, terminó convertido en un gesto altamente polémico y amenzante para las autoridades: Alcaldía, Gobernación, Fiscalía, Policía y Ejército; también para las victimas y la comunidad, en general.
Nos tocó presenciar cómo compartió tarima con nueve jefes de estructuras criminales, con quienes el Gobierno nacional desarrolla un espacio de diálogo sociojurídico en la Cárcel de Mediana Seguridad de Itagüí, con la intención de construir una paz urbana integral con las estructuras criminales del Valle de Aburrá.
Ante el inminente fracaso del proceso de Paz Total del Gobierno nacional -pues, en vez de tranquilidad, la inseguridad se ha apoderado del País-, ahora viene a tratar de legitima una paz urbana, sin articulación, por encima de todo mundo, al estilo de un despota: “Acá mando yo”, sin medir las consecuencias que en el futuro este hecho pueda representar.
Reconozcamos que es necesario visibilizar al interlocutor -no tengo duda-; que existen -menos dudo-; que es importante un diálogo y un proyecto piloto -tampoco puedo cuestionarlo-, pues, la dinámica criminal de nuestro Valle de Aburrá así lo demuestra. Pero de ahí a sacarlos de su confinamiento legal, sentarlos a la mesa principal y darles la palabra… ¡Eso me parece un total despropósito!
En ese sentido, respaldo la reacción del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez:
“Mientras yo combato a los criminales, Petro los sienta a su lado. Esto es una amenaza directa para los ciudadanos que quieren vivir en paz”.
También respaldo al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón:
“Una afrenta. Se humilla a las víctimas y se manda un mensaje peligroso: que el crimen paga, si se negocia con poder”.
Aunque el presidente Petro sostenga que la paz urbana no se construye ignorando a los violentos, sino sentándolos a la mesa de negociaciones para que se responsabilicen y se comprometan, una tarima compartida entre el Estado y los victimarios -sin presencia visible de las víctimas ni de los organismos de justicia- es, además de confuso, reprochable.
Si la institucionalidad se dobla ante el miedo, si los capos reciben micrófono sin haber respondido por sus crímenes y si las víctimas son borradas del relato en nombre de la reconciliación, entonces el pacto no es por la paz, sino por el olvido y por la legitimación del poder mafioso.
Medellín no necesita shows: necesita soluciones. La Paz no se construye con tarimas y aplausos obligados: necesita justicia con memoria y equidad. La paz urbana no puede ser un eslogan, sin respeto a las víctimas y al fortalecimiento de la justicia.
Además creo importante que todos sepamos que hoy Antioquia no tiene respaldo del Gobierno nacional, que sólo somos depositarios de un discurso de odios y rencores de un gobernante que no tiene compromiso con el desarrollo y que nada con lo que se comprometa lo va a cumplir.
