Hemos insistido acerca de la necesidad de que lleguemos a un Acuerdo Nacional por la paz, la reconciliación y la defensa de la democracia. Un pacto social que no pierda vigencia en el tiempo y que recoja los más diversos componentes para hacer frente a la nueva fase del conflicto y para cerrar filas en la defensa de nuestra Constitución.
Ahora que surgen nuevos fenómenos delincuenciales y el narcotráfico arremete de frente contra la institucionalidad, cuando es evidente que las medidas de seguridad se quedan cortas ante la embestida de los grupos ilegales, es necesario convocar a dicho Acuerdo para aglutinar al conjunto de las fuerzas políticas en función de imprimirle una nueva dinámica a la solución del conflicto armado.
Estos elementos podrían hacer parte del Acuerdo:
i). Ampliar el marco de la Ley de Justicia y Paz para que, al disponer de nuevas figuras jurídicas, sea posible atraer a la legalidad a muchos de los jóvenes y mandos medios de las bandas y combos y abrir puertas a una posible negociación con los grupos insurgentes. A la par, es necesario que las víctimas del conflicto cuenten con mayor agilidad en los mecanismos de reparación y justicia, para lo cual se propone levantar todas las trabas jurídicas, que aun están presentes, para que al Fondo de Reparación lleguen todos los recursos provenientes de incautaciones al narcotráfico o de aportes hechos por quienes se sometan a la justicia.
ii). Lograr que en dicho Acuerdo se aborde el problema del narcotráfico y se planteen en que condiciones se autorización las nuevas extradiciones, que sólo se harán en la medida en que cumplan con los requerimientos de la justicia colombiana. De esta manera podremos construir la memoria histórica del conflicto y conocer toda la verdad de lo sucedido y sus implicaciones.
Partir del hecho de que el problema del narcotráfico requiere una solución más soberana y más ajustada a la realidad del país, para evitar que se mantenga como el mejor combustible para el conflicto. En ese sentido, además de ligarlo al modelo de desarrollo, se podría proponer la figura de “regiones económicas” en donde ahora abundan los cultivos ilícitos; tendrían una significativa inversión de la comunidad internacional, buscando generar amplias zonas productivas y de desarrollo local. No a la fumigación y un si a la sustitución de cultivos.
iii). Proponer una reforma política que permita restablecer los pesos y contrapesos que consagró la Constitución del 91, hoy lesionada con la iniciativa de la segunda reelección. El presidente Uribe protagonizaría un acto de grandeza con el país y con la Constitución al apoyar dicha reforma.
v). Definir una amplia propuesta económica que reduzca los niveles de inequidad social y potencie el crecimiento de la economía. Se requiere de un plan económico para enfrentar la crisis que hoy padece la economía nacional.
El Acuerdo Nacional sería una formidable respuesta a la polarización política en que ha caído el país y una forma de evitar que se siga en la larga espiral de cederle grandes regiones a la delincuencia organizada.
Puede que haya componentes adicionales, o que existan otros perfiles para su contenido, pero lo que sin duda requiere el país es una vuelta de página porque lo que estamos viviendo es la aparición de nuevas modalidades de la delincuencia, caracterizadas por una gran desconfianza hacia la institucionalidad y donde se nota que han aprendido de los fracasos del proceso de reinserción y del incumplimiento del Estado con los acuerdos pactados. La política de seguridad requiere nuevos instrumentos jurídicos y sociales.
No solo con fuerza pública se resuelve el problema que hoy padecemos: se requieren unos procesos unificadores de la sociedad y la adopción de soluciones con un alto contenido político y social. Llegó la hora de cambiar de rumbo porque no podemos seguir con las mismas medidas de corto aliento que no están arrojando resultados, como seguramente sucederá con las acordadas el pasado fin de semana en el consejo comunitario que sesionó en la ciudad de Medellín.
Es hora de las grandes desiciones: los partidos políticos, el Gobierno Nacional toda la sociedad y la institucionalidad democrática tienen la palabra.
