Por: Jaime Jaramillo Panesso
Dice la Constitución Nacional en su artículo 11: “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Quien primero debe defender la vida es la persona misma que sufre la inmediatez del agresor. Para ello la ley establece la “legítima defensa” como una de las causas de justificación o ausencia de responsabilidad. Señala el Código Penal en su artículo 32, numeral 6, que no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se obre por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Se presume la legítima defensa en quien rechaza al extraño que, indebidamente, intente penetrar o haya penetrado a su habitación o dependencias inmediatas.
El problema para ejercer la legítima defensa, en los casos graves y más frecuentes, es que el ciudadano está inerme frente al cañón del delincuente. Los bandidos motorizados asaltan a plena luz del día a los ciudadanos que van en un vehículo público o particular y son observados por otros ciudadanos tan inermes como el agredido. Este cuadro que se repite a diario en las ciudades colombiana demuestra que la legítima defensa es inocua, es canto a la bandera y al Código Penal.
El Director de la policía, General Rodolfo Palomino, en una entrevista al periódico oficial de la capital opinó, grosso modo, lo siguiente: Nosotros somos partidarios de que las armas de fuego solo estén en manos de las autoridades. Hay países como España donde hay prohibición absoluta y han logrado reducir los homicidios. Pero armas para la defensa personal no resultan bondadosas porque al mismo tiempo generan peligro. Estimulemos el desarme colectivo. Por eso hago un llamado a los padres de familia que tienen armas de fuego que den ese paso, porque no son pocos los accidentes caseros que también generan pérdidas de vidas.
Las armas de fuego que legalmente poseen los ciudadanos colombianos en forma de tenencia, ya que el porte está prohibido en la mayoría de ciudades, se encuentran amparadas y el ejército conoce las direcciones de ellos. Ocurre que el 85% de los homicidios con arma de fuego son ejecutados con armas ilegales que los asesinos esconden en caletas y los sicarios alquilan a patrones que prestan ese servicio macabro. Entonces ¿de qué habla el general Palomino? Hipotéticamente ¿qué sucedería si todos los ciudadanos para ejercer el derecho a la legítima defensa propia o de un vecino o de un desconocido que es asaltado por delincuentes con pistola en mano, tuvieran su respectiva arma de fuego con porte legal? ¿Se atreverían los malhechores a realizar impunemente sus atracos y asesinatos? Alguien diría: todos en la cama o todos en el suelo. Por supuesto que es mejor y hace menos bulto, una ciudadanía sin revólver. Pero el General Palomino sabe que la policía no está en condiciones de atender los casos penales que nos agobian. En España no hay conglomerados de asesinos a sueldo ni bandas que roban, maltratan, asesinan o hacen desaparecer a sus víctimas. Y los accidentes caseros por armas de fuego, Señor General, no alcanzan ni al 1% de las víctimas.
El problema, General Palomino, son los armados ilegales como las bandas o combos organizados para el delito, cuyo número y cambuche clandestino no alcanzan a conocer la misma policía ni el CTI. Pero hay otros temibles armados que son las guerrillas y las bacrim, cuyos fierros son de largo alcance, materiales de guerra que no cederán voluntariamente a su llamado, por supuesto. Y si quiere ahondar en el asunto, solicite que el ejército cierre la fábrica de armas que producen las pistolas y los revólveres que se venden, con una lista de requisitos casi imposibles de cumplir, a los civiles. Las redadas para decomisar armas ilegales deben hacerse diariamente sin usar los civiles como objeto de desarme, porque ese es el oficio policial. Las campañas de desarme de unos pocos civiles, mientras el país ha estado en un conflicto violento, solo sirven para darse lustre los alcaldes de las ciudades grandes y los generales que tienen escoltas armados hasta el cogote, mientras los ciudadanos comunes y desamparados soportamos la delincuencia ordinaria o selecta, sin armas y sin confianza en el Estado.
