Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
El artículo 113 de la Constitución Política dice que son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial; el 116, que la Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama jurisdiccional; y el 228, que sus decisiones son independientes. Por ello es que uno se extraña y se asusta, ahora que se habla de quién reemplazará al criticado Montealegre, cuando los medios de comunicación dicen que al actual fiscal encargado, Jorge Perdomo Torres, lo apoya la casa Gaviria (entiéndase César Gaviria, Horacio Serpa y otros líderes de este partido); a Néstor Humberto Martínez, lo apoya la casa Vargas Lleras (léase el vicepresidente Germán Vargas Lleras) y a que al Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, lo apoyan tres ministras: la de educación, la de comercio exterior y la de la presidencia (Gina Parody, Cecilia Alvarez y María Lorena Gutiérrez, respectivamente) y esta semana se supo que una comitiva del partido liberal, con Serpa como flamante vocero, fue a palacio e exigirle a Santos que ternara a Perdomo, es decir, el ser ternado y luego elegido por la Corte Suprema de Justicia en uno de los cargos más importantes de la nación se volvió un asunto de politiquería y de tajo se desconocen las mencionadas normas constitucionales. Una vez más, es letra muerta la Constitución.
Desde hace un buen tiempo se viene hablando en Colombia de la politización de la justicia, lo cual no es un secreto para nadie y las informaciones dadas por los medios sobre la elección del fiscal general que se avecina es una circunstancia más que respalda esta afirmación. Es indudable que hay que estar cerca de las altas esferas del poder para poderse hacer con un cargo de esta magnitud, pero que los partidos políticos, como el liberal, hiciera tan evidente las ganas de este cargo tan neurálgico en un país con tanta camorra y tanto forcejeo político, era lo que faltaba, estas son las nuevas banderas, la nueva filosofía y las nuevas ideas de estos partidos. Da de todo saber que Serpa anda en estas faenas y con semejante hambruna burocrática.
Históricamente el derecho penal ha sido el arma ideal, predilecta y preferida del gobernante de turno para sacar de la escena al opositor y contradictor y en el caso colombiano no puede decirse que sea una excepción, luego entonces entregar el poder de decidir si se inicia o no una investigación penal en contra de una o varias personas, como titular que lo es la fiscalía de la acción penal, no puede ser algo que pueda salir a feriarse, esto sería fatal.
El mecanismo escogido por el presidente tampoco fue el mejor, pudiendo hacer uso de la facultad constitucional de escoger tres nombres, optó por hacer una convocatoria pública en la que se inscribieron más de 150 personas, cumplieron requisitos 113, preseleccionaron 16 y de estos se escogerán tres. Se viene diciendo que este mecanismo no tiene sentido a menos que en la terna se incluyan nombres distintos a los que ya están cantados. Yo creo que esto ya se hizo evidente con la preselección de los 16, ahí están los nombres de los más opcionados y con todo respeto, también pecaron de ingenuos muchos de los que se inscribieron, la gran mayoría.
A todas estas no es extraño ni es un secreto que la justicia se politizó hace mucho rato en nuestro país, lo cual es absolutamente desastroso, pues ya no son los criterios de averiguar la verdad, conseguir la justicia y respetar los derechos de los intervinientes en un proceso penal los que deben ser su norte, sino que el Fiscal General que haya sido apadrinado por un político, vería hipotecada su imparcialidad y fácilmente cedería a la solicitud interesada de éste frente a la posibilidad o no de adelantar investigaciones penales, lo cual, desgraciadamente ha pasado y seguirá pasando.
La elección del fiscal debe ser producto de una decisión estudiada y los que sean ternados y el que finalmente resulte elegido, en lo posible deben estar desprovistos de una gran cantidad de prejuicios, pero por sobre todo, no estar matriculado con un partido político, que es distinto a tener una orientación política.
