Por: Jaime A. Fajardo Landaeta
El Gran Acuerdo Nacional que el país requiere no puede ser producto de alianzas burocráticas y mucho menos convertirse en prolongación de las prácticas clientelistas y corruptas que han caracterizado nuestra realidad política. Para que Juan Manuel Santos lo concrete, tendrá que esperar los resultados electorales del 20 de junio y acercarse a los jefes políticos de los partidos –lo hayan apoyado o no- para diseñar esta estrategia de gobernabilidad. Por eso, en el caso del liberalismo, se equivocan algunos parlamentarios y los caciques que con premura volaron hacia las toldas del “Santísimo” con las alas que recibieron de su colectividad para la segunda vuelta.
Si resulta electo Santos y quiere ser consecuente con el acuerdo nacional que ahora ventila, deberá contar con todos los líderes: con Pardo y el liberalismo (no con exparlamentarios como Rodrigo Rivera que no lo representa), con Petro y el Polo Democrático, con el Partido Conservador (no sólo con la fracción de “Uribito”), con Vargas Lleras y Cambio Radical, con Mockus y el Partido Verde, y así sucesivamente. Pero tendrá que excluir al PIN como dice haberlo hecho en campaña, hasta cuando los órganos de control se pronuncien.
De lo contrario no se trataría de un acuerdo para la gobernabilidad: sería una simple componenda para la repartija de cuotas burocráticas y para formalizar la corruptela que representan algunas de las maquinarias que hoy lo acompañan. Además, el potencial pacto tendría que consolidar la independencia política de los partidos, de manera que los tópicos huérfanos de consenso soporten el debido ejercicio de oposición.
De otro lado, los diez puntos a que se refiere el candidato Santos, y que dicen recoger los planteamientos hechos por sus homólogos, deben asumirse por ahora como una simple propuesta, objeto de debate posterior con las direcciones y jefes de los partidos y movimientos que integren esa alianza. Se dialoga con el dueño del caballo –no con el equino- como creen algunos actuales dirigentes, tan ligeros a la hora de ofrecer respaldos por encima de las decisiones de sus jefes y de la organización.
En este temario hay asuntos que exigen mayor claridad y pueden suscitar otras iniciativas; por ejemplo: que garanticen la autonomía de la Justicia o que acompañen el esclarecimiento de hechos judiciales tan inquietantes como todos los que han significado compromiso de algunos funcionarios del actual Gobierno con delitos de lesa humanidad y otras atrocidades jurídicas.
Además, hay que analizar mecanismos que garanticen la llamada prosperidad democrática en todos los temas de la política social, con el concurso del sector privado que deberá hacer un mayor esfuerzo de tributación, mientras se suprime la feria de exenciones vigentes.
En lo atinente a la propiedad de la tierra debe acogerse íntegramente la iniciativa Gustavo Petro: arrebatarla a las mafias para que las víctimas sean realmente reparadas. En la lucha contra la corrupción se debe mejorar el sistema de contratación pública y aplicar ejemplar castigo a los grandes consorcios y contratistas incursos en la comisión de ilícitos, aunque sean muy amigos del gobernante de turno.
En fin, el Gran Acuerdo Nacional exigirá que el mandatario electo instale de inmediato una gran mesa con la dirigencia de los todos los partidos políticos, para buscar que la gobernabilidad -sin desconocer resultados electorales- esté exenta de oscuros intereses.
Por último, pese a las dificultades de la hora presente para el Partido Liberal, creo que se ofrece una buena oportunidad para que su jefe único, Rafael Pardo, tome decisiones que garanticen el regreso de la colectividad a sus verdaderos ideales y para que convoque a la militancia y a sus cuadros a una necesaria depuración de las “manzanas podridas”, comprometidas con diversos delitos y promotoras de actitudes que incentivan la corrupción y el clientelismo. El momento no es de fracaso: es de oportunidad para adoptar decisiones que rescaten el espíritu y anhelo partidista, cueste lo que cueste y caiga quien le caiga.
Si al acuerdo Nacional que inicie la ruta hacia la reconciliación y la paz que requiere con urgencia nuestro país.
