El recinto de la Cámara de Representantes se vio por delante de la pantalla chica como un aburrido circo de pueblo y por detrás como una jaula cárcel con guardianes oficiales en las porterías y en las curules. Luego de un dilatado acto de contorsión ejecutado por payasos con caras pintadas para ocultar el sinsabor del bombón que a toda costa intentan meter a la boca de los colombianos, faltando cinco minutos para que arrancara otro día, afloraron los cómplices abrazos y los vivas a voz de cuello. Con razón. Hacer aprobar por un voto el esperpento de la reelección luego de tantas aristas incomodas e ilegales, fue una hazaña de sus promotores. Se taparon la nariz y para adelante como un bulldozer.
La posibilidad de convocar a los ciudadanos para que autoricen otros cuatro años de dictadura constitucional se adoptó en medio de un pantanero. En eso se convirtió el Congreso de la República de Colombia: un pantanero cada vez más pestilente que a todos nos tiene chilgueteados. Una corporación que produce más noticias por los escándalos que por las ejecutorias. Ya se nos perdió el registro de cuántos congresistas han sido condenados, detenidos o investigados por la Corte Suprema de Justicia o la Fiscalía –horas antes, a la última plenaria de la Cámara le sustrajeron tres representantes para conducirlos como reos inculpados de parapolítica y corrupción-. En todo caso, son más de 80. Por más que intentaron desmentir el reavivamiento de la yidispolítica con otros nombres, pero las mismas dadivas y los mismos pecados, la compra venta de los votos necesarios no pudo ser esconderse bajo la luz del sol. A la última votación de la Cámara de la conciliación con el Senado, en la noche del martes, llegaron los padres de la patria miembros de la coalición oficial, cargando a sus espaldas la acusación de recibir a cambio los favores de recursos públicos con el nombre de auxilios regionales y construcción de sedes municipales con platas de la seguridad para los colombianos. Las notarías ya se habían agotado desde la primera reelección. Fue bochornoso el espectáculo de los congresistas recusados, exculpándose sin ninguna vergüenza entre sí.
Todo el aparato del poderoso Ejecutivo nacional se puso al servicio de que el referendo reeleccionista llegara y saliera vivo de la sesión del martes. No un día, ni un mes, todo el tiempo. No hubo otro tema que mereciera igual o más atención. Ni la crisis económica mundial, cuyo impacto en Colombia no ha desaparecido, frente a la cual supuestamente estábamos blindados; ni las dificultades insolubles con los países vecinos de Venezuela y Ecuador, reflejadas en el adelgazamiento del intercambio comercial; ni la pobreza, ni la miseria, ni el desempleo, que afectan la cotidianidad de millones de colombianos, en su momento, millones de electores; ni la crisis del proceso de desmovilización del paramilitarismo, hoy con más incertidumbres que certezas; ni el agotamiento de la política de seguridad democrática como herramienta pública de tranquilidad para los pobladores de los grandes centros urbanos; ni la corrupción que trastoca todos los cimientos de la sociedad. Con razón produce hilaridad el recurrente auto calificativo de “honorables”, acostumbrado entre congresistas como si fueran compadres.
Los servidores y ex servidores oficiales trasladaron para el recinto de la Cámara sus cuarteles de invierno en pro del referendo. Los Blackberry funcionaron para transmitir mensajes hirsutos e hirientes entre el Congreso y el Palacio de Nariño, y se conformaron bloques de búsqueda para asegurar el quórum necesario al momento de votar, con éxito, porque incluso lograron sacar de algún sitio de Bogotá a un congresista que hacía falta. Fue el último voto, el indispensable, con olor a aguardiente, con euforia, pero llegó. El DAS, entidad adscrita al despacho del Presidente de Colombia, no podía estar al margen del trámite del referendo. Se revivieron las chuzadas a opositores, investigadores y periodistas. Los promotores del proyecto podían tener al instante y de primera mano la información necesaria para cercar o acorralar a los dueños de los votos en el congreso.
La saña fue brutal. Si había que acabar con partidos políticos, ayer amigos, hoy con visos de independencia como Cambio Radical, palo duro en la cabeza. A dentelladas dejaron maltrecho al viejo aliado Germán Vargas Lleras. El partido oficial llamado La U se tragó todo lo que pudiera caber en sus fauces abiertas: pedazos de partidos y movimientos políticos, sin beneficio de inventario, y congresistas indeseables en sus propias colectividades. Lo importante era asegurar los votos antes que los enviaran a la picota. La transmisión por televisión fue un autogol de los congresistas. Fue una foto repetida muchas horas de la incompetencia de una corporación que en lugar de ganar favorabilidad, incrementó su bien ganado desprestigio. Los televidentes no hicieron más que constatar la apreciación de una reconocida ONG internacional, que acaba de publicar un estudio sobre la transparencia de las entidades públicas del país: el Congreso fue la peor librada. Después del martes, el fondo se desfondó, no aguantó la inmundicia.
Ante tantas iniquidades de forma y procedimiento, el referendo debiera morir antes de llegar a las urnas. Desde la legalidad sí que hay un cruzado bombardeo. La Corte Constitucional tendrá que hilar muy delgadito para darle vía libre al esperpento. La agachada de cabeza ante el Ejecutivo, para pasar por encima de la Constitución que juró respetar, puede salirle muy costosa. Las generaciones futuras no perdonarán que por complacer las ínfulas caudillistas del sumo Jefe del Estado, la maltrecha democracia colombiana termine por desfallecer en las propias manos de sus guardianes. El vocero del Partido Liberal Carlos Arturo Piedrahita, evidenció más de una docena de irregularidades y vicios que propiciarían su hundimiento luego de ser aprobado y pasar al examen de la Corte Constitucional. Algunas de ellas: el texto que plantea una segunda reelección en 2010 y no en 2014 no fue aprobado en la Comisión Primera de Cámara “Al hacerlo, sabiendo que la Comisión Primera de la Cámara lo había hundido, se estaría violando el principio de la intangibilidad”, explicó el congresista, quien subrayó también que al proyecto le faltaba otro certificado para continuar el trámite correspondiente al violar los topes en los aportes a la recolección de firmas; el apoyo de la firma Transval, filial de DMG, y la radicación del referendo por parte de los promotores y no de congresistas, como lo ordena la ley, entre otras.
A la oposición al referendo le faltó contundencia para demostrar el peligro de la carga de profundidad disparada contra la democracia colombiana. Temas como la inconveniencia de reformas constitucionales con nombre propio, el desequilibrio de poderes, la excesiva concentración de funciones en el Presidente, el copamiento del aparato judicial por parte del Ejecutivo, la pervivencia de las condiciones propiciadoras de la agobiante corrupción y la institucionalización de la dictadura constitucional, no fueron desmenuzados en los debates en aras de atender circunstancias aparentemente menores surgidas alrededor del proyecto reeleccionista.
Lo que viene es un rollo desgastador. El Gobierno y su coalición se empeñan en una costosa acción a sabiendas de la ausencia de tiempo para sacarla adelante. El ex gobernador de Antioquia y precandidato liberal Aníbal Gaviria Correa, hace rato que advirtió la imposibilidad física, real, para sacar adelante la segunda reelección, por que cumplir el cronograma es un imposible: a más tardar el 28 de noviembre Álvaro Uribe deberá anunciar su intensión de aspirar, acorde con la vigente ley de garantías. Para esa fecha, difícilmente el referendo se habrá realizado con éxito, luego de sortear el examen de la Corte. Pero en este país donde la cultura de la ilegalidad es lo común, nada raro que cualquier leguleyada se convierta en norma por encima de la juridicidad constitucional, en aras de complacer los apetitos de poder del enviado gobernante y sus insaciables áulicos.
