Por: Ramón Elejalde

El estado social de Derecho no puede soportarse únicamente sobre las elecciones populares de sus autoridades ni sobre el respeto a las mayorías. También es necesario, entre otros, el acatamiento a la separación de funciones (o de poderes de que habló Montesquieu), a la libertad de prensa (que entre nosotros existe), a la alternancia en el poder, a las elecciones libres, a la vigencia de reglas claras de juego en el sistema electoral, al respeto a la oposición, a la existencia de jueces libres y al acatamiento a la constitución y la ley.

La reelección presidencial por segunda ocasión y la posibilidad de 12 ó 16  años en el gobierno para el doctor Uribe Vélez están dando al traste con nuestro Estado de Derecho y vamos, peligrosamente, llenando requisitos para convertirnos en una dictadura constitucional. Nunca supuse que fueran a ser ciertas las manifestaciones de José Obdulio Gaviria y de Alberto Rendón en la Tertulia Hildebrando Giraldo, cuando después del primer triunfo de Álvaro Uribe y aún sin posesionarse en la Presidencia, nos decían, sin pudor, que “el gobierno de Álvaro Uribe será para 12 ó 16 años”. Lo que vivimos es algo premeditado.

Comparto plenamente la tesis del precandidato Liberal Aníbal Gaviria en el sentido de que los términos que tiene la Corte Constitucional para el control de la Ley que convoca al referendo y los plazos de la Registraduría del Estado Civil para convocar a elecciones no les va a dar. Irremediablemente tendrán que forzar, acudiendo a la ilegalidad, los procesos jurídicos siguientes. Pero también he sostenido que en el actual Gobierno impera la “Ley de Bolaño”, lo que no me da lo amaño y ya comenzaron. Están hablando de reformar el censo electoral y reducirlo a las personas que votaron en las últimas elecciones de parlamentarios, con lo cual ya no necesitarían, para la aprobación del referendo, siete millones de votantes, sino unos cuatro millones largos. El principio electoral de contar con “normas ciertas para resultados inciertos” se transforma en Colombia en normas inciertas para resultados ciertos, modifiquemos la ley para que pueda pasar el referendo reeleccionista. Claro que no las tienen todas consigo: una ley estatutaria requiere de requisitos que ya son imposibles de cumplir.

No me ocuparé aquí del tema de la separación de poderes, que evidentemente ya no existe entre nosotros. Con excepción de la independencia de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, lo demás ya no existe. Todas son instituciones permeadas por el Gobierno a lo largo de un ejercicio presidencial de casi siete años. Nuestras instituciones democráticas están concebidas para períodos de cuatro años. Preservar la separación de poderes no fue preocupación de los que permitieron la primera reelección a quienes solamente les interesó el cambio de “un articulito”. Ahora tampoco se pensó en el tema y el Presidente es, como cualquier tiranuelo africano, el dueño de ramas y órganos del poder público.

La prohibición de la reelección o facilitar esta por una sola vez, permite la alternancia en el poder. Ésa también es una premisa del sistema de gobierno presidencialista, como el nuestro. Con lo que nos está sucediendo, ese requisito se está perdiendo. Estamos frente a un caudillismo peligroso que en nada se diferencia del de Hugo Chávez.

Predicar la independencia de los jueces cuando el poder presidencial se prolonga por 12 ó 16 años, es una utopía. El presidente tendrá injerencia directa (elaborando la terna) o indirecta (sus senadores escogiendo a los magistrados) en la selección de la totalidad de los  magistrados de la Corte Constitucional.

 

Si bien la oposición en Colombia puede decir lo que piensa, no es menos verdad que viene siendo sometida a la satanización por parte del doctor Uribe Vélez y sus seguidores, sin contar la intervención de llamadas y los seguimientos que se le hacen a quienes discrepan del Gobierno desde organismos del Estado directamente vinculados a la Presidencia de la República.

 

El respeto a la Constitución y a la Ley es imperativo en el estado de Derecho. Por encima de estas normas jurídicas no puede estar persona o funcionario alguno, por importante que sea. Cambiar el censo electoral para ganar unas elecciones o burlar el artículo 9° de la Ley de Garantías que obliga al presidente a anunciar su candidatura con seis meses de anticipación a las elecciones, con esguinces y leguleyadas, es comenzar a transitar por los caminos de una dictadura.