El Juzgado Quinto Administrativo de Medellín ordenó a UNE EPM Telecomunicaciones entregarle al concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos toda la información sobre las supuestas bonificaciones millonarias pagadas a ex empleados de la Compañía durante los últimos tres años.
Según el fallo judicial, el gerente de UNE, Horacio Vélez de Bedout, fue notificado de esta decisión desde el pasado 31 de mayo, lo cual, según el concejal Guerra Hoyos, se convirtió en la razón para que un día después lo agrediera física y verbalmente en un ascensor del Concejo de Medellín, donde además -declaró el Concejal liberal- lo amenazó diciéndole que no estaba “bueno sino para mandarlo a pelar”.
La información exigida por el Juzgado Quinto Administrativo de Medellín había sido solicitada por el Corporado desde el pasado 3 de marzo, con reiteración los días 13 y 25 de abril mediante Derecho de Petición, invocando, además, la razón del ejercicio del control político, encontrando diversas negativas por parte de la Gerencia de UNE, que sostuvo que dicha información era de carácter reservado por tratarse de datos personales de quienes han laborado allí.
Ante la negativa, Guerra Hoyos interpuso el Recurso Legal de Insistencia, que sólo está previsto para situaciones en las que se argumenta información reservada. El Juzgado argumentó su decisión en lo siguiente:
– La información no es de carácter reservado, porque el objeto de la petición es el uso de recursos públicos, no los datos personales de funcionarios.
– Si bien los trabajadores de la compañía se rigen por normas de derecho privado, ello no hace que la empresa cambie su naturaleza de 100 por ciento pública.
– Tratándose de una limitación a la intimidad de los funcionarios o exfuncionarios de la compañía, existe plena justificación para la entrega de dicha información, porque se cumplen los principios de Finalidad y Necesidad. El primero, supone que la información se pidió con el propósito de ejercer una actividad legítima y un deber constitucional que es el ejercicio del control político. Y el segundo, supone que para el ejercicio del control político se requiere que la compañía informe al Concejo Municipal sobre la forma en que está siendo administrada y a qué se están destinando sus recursos, pues se trata de una entidad que no escapa al control político del Concejo y de actividades que están relacionadas con los principios de economía, eficiencia y eficacia en el gasto público.
Concluye el fallo judicial que dentro de los cinco días hábiles siguientes, debe hacerse entrega de toda la información requerida por el Concejal, y que en caso contrario, el Gerente de UNE incurriría en desacato y violación del derecho fundamental de petición.
Este plazo se cumple este miércoles, 8 de junio, y de no acatarse la sentencia el Gerente de UNE incurriría en falta disciplinaria sancionable con destitución y en desacato a orden judicial cuya consecuencia es el arresto.
El debate de control político frente a esta entidad, está previsto para el domingo 12 de junio.
