Con ojo crítico se debe discutir la política de gobierno en Aguas, requiere el Representante Óscar Marín, pues con las últimas actuaciones se están violando flagrantemente los principios de autonomía territorial, descentralización administrativa y eficiencia fiscal, entre otros.
Pero es en la aplicación de los Planes Departamentales de Agua en la que claramente se ve la tendencia centralizadora y privatizadora –señala con preocupación el representante Marín-. La estrategia propuesta por el gobierno para la optimización del servicio, arroja resultados inequitativos, toda vez que el Estado se reserva la función de escritorio (controlar, regular y formular políticas) y a los municipios le corresponde la función dura, la de campo, como es resolver las deficiencias y brindar el servicio, ahora sin recursos.
Palmaria es la inequidad, cuando los municipios de menores recursos no acceden a las soluciones en igualdad de condiciones a municipios más ricos, como es el caso de San Francisco en Antioquia, pues de dos mil millones que vale su solución, aporta más del 80 %.
Confirma la política privatizadora del gobierno, pues en la estrategia da prioridad a los operadores especializados (privados), fomenta el aumento en las tarifas y fortalece las utilidades del operador.
Óscar de Jesús Marín observa que es lamentable la condición que trae el Plan Nacional de Desarrollo a los municipios, el cual los obliga a participar de estos planes, so pena de no recibir recursos de transferencias del sector de agua potable, disposición aprovechada por los gobernadores para presionar el ingreso de los municipios, pues también se condicionan los recursos de inversión a la suscripción del acuerdo municipal de autorización al Alcalde para ingresar al Plan.
Para demostrar la transparencia del procedimiento y las consecuencias que esta decisión implique para los municipios, se debe responder a los siguientes interrogantes: ¿La gobernación tendrá la capacidad y disponibilidad presupuestal para cofinanciar todas las obras, que inicien los municipios? ¿Existen garantías para evitar que el Departamento entre en cesación de pagos? ¿Cómo se priorizan los municipios para realizar las obras requeridas y financiadas con la pignoración de recursos? ¿Cómo será el proceso de contratación de obra pública para estas inversiones en infraestructura?
Marín insta a su vez a los Concejos Municipales para que antes de aprobar los acuerdos municipales, exijan requisitos esenciales como monto accionario del municipio en la nueva empresa de acueducto, impacto que causa el compromiso de vigencias futuras en las finanzas municipales, la normatividad local que autorice para comprometer vigencias futuras excepcionales y, lo más importante, el derecho que tiene el municipio a decidir autónomamente por sus obras prioritarias, es decir, que no se dejen abiertas las puertas a la intención de desviar los recursos del Sistema General de Participaciones a los departamentos, para que sean estos los que tomen las decisiones de inversión, desestimando los intereses de los entes territoriales locales.
En síntesis -concluye Óscar de Jesús Marín- los Planes Departamentales de Agua son una buena estrategia, pero en su aplicación violan la Constitución Política, son inequitativos, exprimen las arcas municipales, son privatizadores y hacen que la sostenibilidad se soporte en las tarifas, en detrimento de las clases populares.
