Cuando leí el anuncio de un acuerdo para poner fin a los litigios de casi tres lustros entre la empresa del Metro de Medellín y el consorcio hispano alemán que lo construyó, recordé un viejo chiste; la historia de un niño campesino ingenuo que le vendió un marrano al avivato de la vereda por un millón de pesos. Cuándo su madre, gratamente sorprendida por la precoz capacidad mercantil de su hijo, le inquiró por el dinero, el niño le respondió que el comprador le había pagado con dos gallinas de quinientos mil pesos cada una.
Veamos en qué consiste el acuerdo que me condujo a la inmediata analogía con el cuento de marras. El Consorcio Hispano Alemán, el mismo que esquilmó a la ciudad y al país construyendo el sistema Metro más costoso del mundo por kilómetro, retira el proceso que había fallado un tribunal de arbitramento internacional en Panamá, en el que condenaba a la empresa del Metro de Medellín a pagarle 160 millones de dólares por supuestos sobrecostos, de la Corte Suprema de Justicia de esa nación, ante la cuál se encuentra demandado. Si la Corte de Panamá le dá vía libre al fallo, todavía requiere ser homologado por las autoridades judiciales de nuestro país, que deberán pronunciarse sobre una decisión adoptada con anterioridad.
Y es que ese tribunal fue convocado de manera ilegal y arbitraria, en un hecho en el que se abochornó la dignidad nacional y se privilegió el interés de unas multinacionales alemanas y españolas, pues con la convocatoria se contrarió el fallo de una tutela interpuesta por Luis Guillermo Gómez, un anterior gerente de la ETMVA, fallada por la Corte Constitucional, en el sentido de que esos tribunales de arbitramento, no son competentes para dirimir controversias entre las partes y que sólo la jurisdicción de lo contencioso administrativo es válida.
A eso es a lo que “renuncian” las multinacionales europeas: ese es el par de gallinas que “vale un millón de pesos”.
La ETMVA por su parte, renuncia a la reclamación que se adelanta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por seicientos millones de dólares, por la pésima calidad del equipo rodante entregado por el consorcio a Medellín, por otros incumpimientos y por una multa decretada y no cobrada inexplicablemente hasta hoy.
Esta reclamación se hizo, entre otras cosas, porque una vez inaugurada la gran obra se descubrió que lo que se conoce como desgaste ondulatorio en el Metro de Medellín era mucho mayor de lo ofrecido por los constructores y por lo tanto, su vida útil sería menor de la prevista, además de generar un significativo incremento en los costos de mantenimiento.
El 2 de marzo de 1999, ante la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Antioquia, SAI, el gerente del Metro de ese entonces, Luis Guillermo Gómez, admitió que el desgaste ondulatorio había reducido el 24% de la vida útil del material rodante del Metro. Eso quiere decir que quedó mal construido, cosa bastante curiosa, pues SIEMENS es el más experto, grande y antiguo fabricante de trenes en el mundo. Claro que también es la multinacional alemana más salpicada por escándalos de corrupción y sobornos para obtener contratos alrededor del planeta.
Esto es lo que el Metro entrega a cambio de las dos gallinitas, una garantía cierta, muy próxima a ser decretada por nuestros tribunales, que está certificada técnica y legalmente.
Las expresiones de algunos de los protagonistas del lado colombiano transpiran entusiasmo y hasta orgullo, igual debió haberle sucedido al niño del chiste. “Las partes quedaron prácticamente cero – cero”, “fue un gana – gana para los dos”. (Ramiro Márquez Gerente del Metro de Medellín). “Gana el país porque, además de eliminar una preocupación de su agenda diplomática con España y Alemania, nos permite continuar promoviendo nuestra política de territorio confiable para la inversión", (Claudia Jiménez, Ministra Consejera de la Presidencia de la República).
Pero el más entusiasta de todos parece ser el Presidente Uribe quien afirmó vía telefónica desde Bogotá al momento de la firma del acuerdo en Medellín, que “esto contribuye muchísimo a lo que es la confianza inversionista que,…. se constituye en factor de prosperidad de Colombia, en factores de confianza de……la comunidad internacional en Colombia”.
A pesar de la euforia, aún no se ha dicho la última palabra, pues el Tribunal Superior de Antioquia deberá ejercer un control de legalidad del acuerdo, previo concepto de la Procuraduría en el que se deberá expresar si el acuerdo constituye algún detrimento al patrimonio público, que en mi humilde opinión y la de varios expertos consultados, si lo hay, y muy importante.
El acuerdo materializa nuevamente el absurdo criterio que ha guiado a la actual y a la anterior administración uribista, que ojalá sea la última, de que para lograr la prosperidad de los colombianos, es indispensable previamente, garantizar la de las multinacionales y monopolios extranjeros.
