El deterioro de la economía marcha más rápido que los pronunciamientos oficiales. Hace escasos 10 días la noticia era que el ministro Óscar Iván Zuluaga iba a echar mano del endeudamiento para no recortar el gasto social y la inversión. El 16 de junio la revista Semana citó el anuncio del Ministerio de Hacienda en el sentido de que el próximo año el déficit fiscal del sector público consolidado (Gobierno central y sector descentralizado) se elevará a 18,3 billones de pesos, producto de los menores ingresos que recibirá la Nación, principalmente por impuestos, y los gastos que tendrá que seguir cubriendo. La cifra equivale a 3,4 por ciento del PIB y supera el déficit que se presentará este año de 2,4 por ciento y echa por tierra los avances que se habían conseguido en los últimos años en este campo. Hoy, la inversión social y los ingresos de trabajadores y empleados serán los grandes damnificados.
El Gobierno nacional intentó quitarle impacto a la noticia escudado en que lo común hoy en todo el mundo es que los países acrecienten su déficit fiscal como una respuesta a los efectos de la crisis. Pero una cosa es que se llegue a esa situación de una manera deliberada, como parte de una estrategia anti cíclica y otra es que el déficit fiscal se presente como un invitado desagradable y peor aún, coja al anfitrión con los calzones abajo, enredados en los pies. Si algo ha caracterizado la respuesta – no la política, totalmente inexistente- del Gobierno nacional frente a la debacle económica mundial es la improvisación y la imprevisión. Con soberbia, desde un comienzo pregonó un supuesto blindaje, que el DANE desmoronará más pronto que tarde al reconocer formalmente la recesión como el estado actual de la economía colombiana. El Ministro no ha hecho más que endilgarle a las circunstancias externas la responsabilidad de la crisis, para minimizar la incidencia de los manejos indebidos de la economía, escondidos en la milagrosa frase de que todo fue en aras de la confianza inversionista.
La caída de los ingresos por la vía de la tributación se explica en los comunicados oficiales por el decrecimiento de las exportaciones –lo cual es cierto- mientras se cuidan de reconocer el malsano impacto de las exenciones a granel otorgadas a los inversionistas nacionales y extranjeros, por 15 0 20 años, sin ninguna contraprestación. Las cifras del desempleo están ahí, patéticas. Lo otro es que el Gobierno –que vive haciendo política todos los años, meses, días y horas- no entendió que la época de las vacas flacas podría llegar en cualquier momento y no dispuso el ahorro necesario para hacerle frente a las dificultades para sostener la capacidad de gasto, como sí lo hicieron otros países –ejemplo Chile, Brasil- que a pesar de las circunstancias adversas del exterior, internamente no pasan los apuros de los vecinos.
La primera gran muestra de imprevisión la dio el Gobierno con el presupuesto nacional hecho aprobar por el Congreso. Con ingresos inflados, el Ministerio será incapaz de sufragar los gastos cuyo crecimiento es el doble de las rentas. Mientras los recursos crecerán supuestamente 7,4%, las erogaciones estarán por el orden del 15,4%. Así el déficit será 8 billones más que en 2008 para un total de 18,8% billones de pesos. El hueco puede alcanzar la alarmante cifra de 23,8 billones para el 2010. Por lo tanto, el panorama en lugar de mejorar, tiende a empeorar.
El mismo Gobierno espera, con una gran dosis de optimismo, que en los próximos 5 años la economía crecerá en promedio 3%. Hace dos años la cifra estaba por el 5%. El esfuerzo para reactivar la producción industrial tendrá que ser mayúsculo ante los indicadores de los últimos días que dan cuenta de una caída del 14,5% en abril pasado respecto a igual mes de 2008. Esas cifras no se conocieron en la última década. Las caídas más impactantes ocurrieron en los sectores de vehículos automotores (64,3%) y prendas de vestir (36,9%). Mientras tanto, los precios del petróleo poco se animarán a crecer. En cuanto a las ventas de la industria, según el DANE, en el cuarto mes de este año descendieron un 12,1% frente a abril de 2008.
El hueco se tragará todo lo que encuentre a su paso. Empezando por la política bandera de Álvaro Uribe Vélez: la seguridad democrática. En los próximos meses el faltante para financiar al Ministerio de Defensa será superior al billón de pesos. Cobra vigencia el estudio realizado por José Fernando Isaza y Diógenes Campos sobre el comportamiento del gasto en defensa y seguridad. En el año 2007, el gasto en defensa y seguridad alcanzó el 6,32% del PIB. Estados Unidos destina el 4% del PIB al presupuesto de defensa, incluyendo la guerra de Irak, en los países europeos el gasto en defensa es del 2% del PIB. Comparados con los países vecinos, el gasto de guerra en Colombia es el doble del venezolano y casi seis veces el ecuatoriano. El solo crecimiento del pasivo pensional de las fuerzas militares representa el 1,7% del PIB, superior en un 60% al valor de la cosecha-cafetera. El pasivo pensional en el año 2006 llegaba al 15% del PIB.
Sostienen los estudiosos: A medida que disminuyen los grupos armados irregulares paradójicamente aumenta el pie de fuerza. Así en el período 2002-2007 los 160.000 soldados combatían 16.900 guerrilleros de las FARC, 3.700 del ELN, y de acuerdo con las declaraciones oficiales, también combatían a 12.175 de las AUC. Es decir, 4.9 soldados por cada combatiente irregular. Al finalizar el año 2007, desmovilizada la AUC, y reducida la guerrilla por cada guerrillero había 15.5 soldados. Las teorías de las guerras de guerrillas consideran apropiado 10 regulares por cada irregular. En el año 2008, de acuerdo con el Herald Tribune, el pie de fuerza aumentó a 254.300 efectivos, sin incluir la Policía, el número de guerrilleros al finalizar 2007 era de 12.499, lo que lleva a una cifra de 20.34 soldados para combatir 1 guerrillero.
Recordemos que en el presupuesto nacional del 2008 se apropiaron $18,4 billones para Defensa, de los cuales 81% fueron gastos de funcionamiento. Mauricio Cabrera Galvis llamó la atención sobre el hecho de que Defensa representa más de la quinta parte del total del gasto público (incluyendo el servicio de la deuda) y su crecimiento del 20% en este año es más del doble del resto de los rubros presupuestales, y cuatro veces la tasa de crecimiento esperada de la economía. Aún mayor es la participación del Ministerio de Defensa y sus dependencias en la burocracia estatal: 8 de cada 10 funcionarios del Estado son de éste Ministerio, como personal activo de las Fuerzas Armadas y la Policía, o como civiles de soporte.
Cabrera Galvis reitera que el crecimiento acelerado del gasto en seguridad en Colombia es insostenible porque se financió con recursos transitorios como el impuesto al patrimonio y el Plan Colombia, y el Gobierno no tiene una estrategia para sustituir estos recursos. Cita a la Contraloría General de la Nación para señalar dos factores que lo incrementarán más: el pasivo pensional de las Fuerzas Armadas, al que hay que dedicarle 47% de recursos adicionales, y las sentencias judiciales por los excesos de la Fuerza Pública, con demandas superiores a los $15 billones. Ello sin considerar la tronera que se viene encima consecuencia de los llamados falsos positivos.
El corre corre del Gobierno es porque el impuesto al patrimonio se vence en 2010. Y los recursos del plan Colombia en lugar de aumentar, se reducirán por el Gobierno de Obama, si no es que los cancelan o congelan. De allí la amenaza de una reforma tributaria que haga permanente lo que era transitorio y descargue en la población las consecuencias de la improvisación y la imprevisión de la Casa de Nariño. No importa que en plena campaña electoral el Gobierno busque, además, hacer aprobar en el Congreso la congelación de los salarios oficiales y el incremento del IVA. Vender activos ya no es posible porque hace rato que los privatizadores hicieron su agosto en Colombia.
Salomón Kalmanovitz hace días dijo que “nunca es bueno regalar lo que no es de uno y menos lo que no se tiene” para reiterar que está es una máxima doble que el presidente Uribe desconoce. Peor aún: insiste tercamente en continuar contrariándola, al afirmar que no desmontará los perversos incentivos a la confianza inversionista. El Presidente abusa de su poder. La democracia prohíbe que el Poder Ejecutivo asigne arbitrariamente impuestos o subsidios, funciones que corresponden a la representación de los ciudadanos, o sea al Congreso. Un Gobierno responsable no se deshace de preciosos recursos públicos cuando los ingresos son inferiores a los gastos durante varios años. Y remata Salomón: ¿Qué sacrifica el Gobierno en estos negros momentos? Nada menos que la inversión pública que recorta ya de un nivel muy bajo, de sólo 2,1% del PIB en 2009, a ¡1,6%! en 2010. Este es otro efecto nefasto de la devolución de impuestos.
El Banco de la República ya tocó fondo con la herramienta de mover la tasa de interés. Para los ahorradores ya no es estimulante entregar sus recursos al sistema financiero. Las tablas de la usurera intermediación continúan vigentes engordando las escandalosas utilidades de la cadena bancaria superior a los 3 billones de pesos en pocos meses del presente año, mientras el resto del aparato productivo sufre las inclemencias de la sed. La bomba de tiempo de la pobreza, el desempleo y la informalidad, se expande quien sabe hasta cuándo.