Por: Gabriel Zapata
Por cerca de 15 días los controladores de tráfico aéreo (Air Traffic Controller), en estricto sentido tuvieron el control en sus manos para detener el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos del país. Esta situación recordó la vivida en España en diciembre de 2010, cuando el país Ibérico entró en una enorme crisis producto de una situación similar. En la madre patria y solo en tres o cuatro días de parálisis aérea, el sector turístico y las aerolíneas contabilizaron pérdidas por 500 millones de Euros debido a los perjuicios causados, esto sumado a los 6000 millones de Euros en indemnizaciones que unas 5000 personas exigieron en compensación por los daños ocasionados. Consejos extraordinarios de Ministros; declaración de estado de alarma; vías jurídicas que contemplaron prisión por la desobediencia, en fin toda suerte de situaciones y medidas fueron aplicadas y contempladas para hacer volver a sus puestos de trabajo a quienes soportan la responsabilidad más importante del control del tránsito aéreo.
En nuestro caso, la situación por fortuna no alcanzó tales ribetes, aunque estuvo cerca, pues la Procuraduría no se hizo esperar anunciando la apertura de algunos procesos disciplinarios y ya el gobierno comenzaba a exasperarse al ver que no se llegaba a un arreglo con los autores de la protesta, mientras el caos se apoderaba de los terminales aéreos de las principales ciudades del país.
Pero si bien se llegó a una conciliación laboral, las preguntas que hoy nos hacemos respecto a este complejo asunto son: ¿por qué la protesta de los controladores aéreos ha alcanzado el extremo de frenar por completo un servicio público considerado esencial?, ¿Por qué sus reclamaciones laborales si están debidamente justificadas en el estrés al límite y las enfermedades que padecen producto de esta actividad; en el exceso de horas laboradas que según ellos no corresponde con la remuneración que obtienen, en el número reducido de controladores para atender la demanda de vuelos, no son atendidas con el rigor necesario por parte de la Aeronáutica Civil, si como autoridades en la materia conocen de la complejidad que esta labor representa producto del pesado tráfico de aviones, de la variación climática y del alto perfil que se requiere de la persona que guía al piloto en el espacio aéreo.
La verdad este asunto que no es exclusivo de Colombia, nos genera una alta preocupación, pues de un lado cada que el gremio de los controladores, el cual agrupa en el país a 519 especialistas del tráfico aéreo, desee frenar sus labores por el motivo que sea, pues quedaremos en sus manos y a merced de su voluntad de retornar a las torres de control; y de otro comprendimos el alto grado de vulnerabilidad que en esta materia especializada poseemos, pues definitivamente las políticas y soluciones que se ofrecen no pueden obedecer sólo a coyunturas laborales, sino a soluciones definitivas que consulten la realidad actual de nuestro tráfico aéreo y la infraestructura de los aeropuertos. Se hace inaplazable también fomentar la formación de nuevos especialistas del tráfico aéreo, para que ésta se convierta en una opción profesional para muchos jóvenes en nuestro país. Según los propios autores de la protesta, hay un déficit de unos 400 controladores para cubrir los 57 aeropuertos del país.
Los controladores del espacio aéreo luego de su operación reglamento nos pusieron a mirar al cielo para valorar la magnitud del problema que en esta ocasión dejó pérdidas a las empresas de aviación calculadas en mil millones de pesos diarios; incrementos en el costo de bienes y servicios; afectación y perdidas económicas a usuarios quienes no pudieron llegar a tiempo a sus destinos para responder con sus actividades laborales y empresariales; caos que repercute en el aparato productivo del país y que no pueden seguirse presentando, pues no es concebible la afectación de un servicio público esencial como es la movilidad aérea, cuando existen soluciones perfectamente predecibles.
