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El Municipio de Itagüí ratifica su buen desempeño financiero con una calificación AA+ y F1+, la cual le fue entregada por Fitch Ratings. Según el alcalde José Fernando Escobar, esta calificación refleja el excelente desempeño en el manejo de los recursos de la Ciudad, garantizando con esto credibilidad y confianza ciudadana por parte del sector financiero.

Pese a los 12 votos negativos contra el Proyecto de Acuerdo 47 de 2021 en el Concejo de Medellín, el director del Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, Sergio López, sigue convencido de la necesidad de convertir el Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera en una Empresa Industrial y Comercial del Estado, porque es la manera más viable de transformar el lote que actualmente ocupa el Aeropuerto en el Suroccidente de Medellín, en un pulmón verde, de más de 1.300.000 metros cuadrados.

Manuel Molina, gerente de los hoteles Dann Carlton Medellín y San Fernando Plaza, dice que le parece nefasta la Reforma Tributaria del presidente Iván Duque, porque la propone en el momento más inoportuno, tanto para las personas naturales -la inmensa mayoría de gente trabajadora y pobre- como para las personas jurídicas -la mayoría resentida por la pandemia del COVID-19-.

Los miembros de “Conservadores de Vida”, movimiento inscrito al Partido Conservador Colombiano y orientado por el senador de la República, Juan Diego Gómez Jiménez, y el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán, le enviaron una carta al empresariado antioqueño, por intermedio de la directora de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, para manifestarles su apoyo a la labor “que tanto ha significado para el crecimiento económico de la Ciudad, el Departamento y el País.

El salario digno que debe devengar un egresado de cualquier universidad de Colombia ha sido una discusión de todos los tiempos. Por eso, hace 20 años fue creada la Red de Enlace Profesional –REP–, protagonista en la conformación anual de la Escala de Mínimos de Remuneración para profesionales de pregrado y posgrado, lo cual ha servido como referencia para que, a partir de 2015, el sector empresarial pague un salario justo a los recién graduados.

La Alcaldía de Medellín incluyó a 10.793 venteros ambulantes en el proyecto Renta Básica de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Se trata de un incentivo bimestral de 200.000 pesos que les permitirá suplir algunas necesidades, debido a las dificultades económicas que les ha generado la pandemia del COVID-19.

Pese a la solicitud de los diputados de Antioquia de adoptar medidas restrictivas más rigurosas, como una cuarentena de 14 días seguidos en todo el territorio antioqueño, para contener la propagación del COVID-19 y los dolorosos efectos que está produciendo el coronavirus en las familias antioqueñas, el Gobierno departamental decidió continuar con similares medidas adoptadas hasta el momento.

La admisión en la IU Digital de Antioquia es universal y sin límites para el acceso: no hay límites geográficos; no se valora la calificación de las pruebas del Estado, siempre y cuando hayan sido presentadas; la edad la pone el estudiante; y los costos son el resultado del esfuerzo del Gobierno departamental en garantizar que quien quiera estudiar lo haga por un salario mínimo legal mensual vigente, si es pregrado, o 3.5 salarios mínimos, si es posgrado, menos un 10% de descuento si sufragó en elecciones recientes.

La decisión de la ESE Metrosalud de empezar una reorganización de sus servicios para optimizar su infraestructura y el talento humano en salud, busca mejorar su capacidad instalada para ayudar a responder efectiva y eficientemente al aumento en la demanda de urgencias e internación, debido al tercer pico de la pandemia del COVID-19.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín resolvió en segunda instancia la tutela interpuesta por María Camila Villamizar Assaf, hoy Secretaria Privada de Medellín, en contra de Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, exconcejal de Medellín, por la presunta violación del derecho fundamental al buen nombre.