Por: Eugenio Prieto Soto
El pasado mes de julio, en un artículo que titulé: Internet derecho fundamental, opiné sobre la importancia de que Colombia acogiera la nueva tendencia mundial planteada desde la OEI -Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura-, que postula el acceso a la tecnología como categoría que integra la cuarta generación de derechos. Coherente con este planteamiento, el pasado miércoles radiqué en el Senado de la República, el Proyecto de Ley No 149, mediante el cual aspiramos a que el Estado colombiano, garantice el acceso público a internet.
En la publicación, “Entendiendo la Brecha Digital”, se plantea que: en Colombia históricamente se ha configurado y consolidado una brecha social que se ha expresado entre muchos asuntos, en los bajos niveles de acceso a salud, educación y el régimen de la propiedad, sin embargo existe un asunto fundamental a la hora de pensar la Equidad social -que se evidencia hoy con mayor fuerza debido a la expansión de la globalización-, se trata del acceso al conocimiento y a la información, asunto que en plena era digital se ha tornado parte de la agenda pública internacional para ser pensado en términos de derechos. Pensar en brecha social requiere ineludiblemente pensar en lo que ha sido denominado “la brecha digital”, refiriéndose a la diferencia de oportunidades que existe entre individuos, comunidades, negocios y áreas geográficas para tener acceso a las tecnologías de la información y de comunicaciones – TICs, así como al uso frecuente de Internet que permite desarrollar múltiples actividades diarias.
Las razones para pensar en este asunto parecen ser más que evidentes. El concepto de educación se está redefiniendo por la tecnología, ampliándose por la introducción de las TIC`s como herramientas para la apropiación de conocimiento. El fortalecimiento de la democracia se está dando a través de canales amplios de comunicación Institución/ciudadano por medio de estrategias como gobiernos en línea y/o gobiernos electrónicos. El fomento y la dinamización de procesos organizativos se posibilitan por medio de la consolidación de redes. El acceso a la información es un asunto de democracia, de derechos y sobre todo de condiciones de equidad.
El asunto de la brecha social/brecha digital es una problemática que requiere a la hora de plantear vías de solución, pensar en las causas que la generan, y es por esta vía que llegamos al entendimiento de que es sobre las dificultades en el acceso a internet sobre lo cual radica gran parte del problema central. Entre las dificultades de acceso a internet pueden plantearse tres principales: El desconocimiento del manejo de la información o falta de apropiación social del uso de TIC`s, la falta de infraestructura (Redes y equipos) y los costos de acceso al servicio.
De estas tres causas o problemáticas que deben ser atendidas, el Estado colombiano ha venido desarrollado algunas estrategias relacionadas esencialmente con la apropiación social del uso de TIC`s y con el acceso a infraestructura de telecomunicaciones a través de programas como Compartel y Computadores para Educar del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación TIC`s, y del naciente programa de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología del Departamento Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias. Sin embargo, el asunto de los costos de acceso a internet, no ha sido hasta el momento una problemática intervenida estatalmente, y es a esto a lo que le apunta el Proyecto de Ley 149 Senado, a plantear el acceso público a internet como un asunto fundamental en términos de derechos y de equidad social, que debe por tanto ser regulado y garantizado por el Estado.
Colombia ha señalado a través del documento Conpes 3371 que: “las tecnologías de la información y las comunicaciones –TICs– pueden ayudar a las comunidades a solucionar sus problemas diarios y mejorar sus condiciones de vida.(…) En efecto, de acuerdo a los análisis realizados por la UIT, las TICs permiten reducir la brecha digital y su utilización por parte de la población puede acelerar el progreso económico y social, así como el bienestar de las comunidades. Es por esta razón que la UIT promueve el diseño y aplicación, por parte de todas las naciones, de las políticas que contribuyan al desarrollo de éstas.”
Para ello deben darse pasos amplios y a partir de múltiples estrategias para llegar al reconocimiento y garantía del acceso público a internet; diversas estrategias de conectividad y acceso, responsabilidad de diferentes actores sociales tanto públicos como privados, y que deben transitar por diferentes vías, de acuerdo a la especificidad de la población beneficiada. Estas estrategias consisten en: El reconocimiento del internet como objeto del artículo 69 de la ley 1341; planteando que los estratos 1, 2 y 3, serán subsidiados en los consumos de subsistencia para acceder a la red. La ley 152 señalaba que se podía subsidiar la telefonía púbica conmutada, pero no los servicios de valor agregado y la Ley 1341 propone un régimen de transición para ésta. La generación de bandas de acceso generalizado y uso gratuito. Pago de contraprestaciones por el uso del espectro en la construcción y puesta en marcha de Telecentros; obligaciones especiales para espacios de carácter privado; y acceso universal en plazas públicas.
