La Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró inválido el Acuerdo alcanzado por el Concejo de Tarso, el cual prohibió la minería de metales y minerales en todo el territorio de este municipio del Suroeste antioqueño. Para el Alto Tribunal, la decisión del Concejo extralimita sus funciones, puesto que es el Gobierno Nacional el que debe encargarse del ordenamiento del subsuelo y no los entes municipales.
La demanda de nulidad fue interpuesta por la Gobernación de Antioquia, debido a su desacuerdo con la iniciativa del Concejo de Tarso que actuó movido por la necesidad de proteger el patrimonio ecológico y cultural del municipio.
Además de Tarso, el Tribunal Administrativo de Antioquia ya había declarado la nulidad de los acuerdos municipales que vetaban la minería en Urrao y Jericó. Estas tres localidades son parte de un bloque de 13 municipios del suroeste antioqueño que, mediante acuerdos municipales y consultas populares, buscan prohibir las actividades extractivas y proteger la riqueza ecológica y la vocación agropecuaria de sus territorios.
