Por: Alfaro García
En un Estado Social de Derecho como el nuestro, la Rama Judicial debe administrar y aplicar la justicia con independencia, sin distinciones de clase social, política o económica. Así hace honor al principio de separación de poderes, que después de tres siglos de maduración de las ideas de Hamilton, Locke, Rousseau y Montesquieu, entra a hacer parte de algunas democracias como la nuestra, comprometidas con el respeto a su soberanía popular y, por supuesto, con la dignidad de su gente.
En consecuencia, siguiendo a plenitud el debido proceso, nuestro Poder Judicial debe estar en capacidad de juzgar y sancionar a los ciudadanos acusados e investigados por sus presuntos comportamientos criminales.
Sin embargo, nuestra república democrática no alcanza la perfección, aunque bastante ventaja les lleve a muchas en el orbe. Lastimosamente, el sistema judicial colombiano no ha sido lo suficientemente capaz de juzgar y castigar a los miles de transgresores de nuestras normas. Podemos afirmar que estamos en la sociedad de la impunidad, donde andan libres los criminales de todas las clases sociales, religiosas, ideológicas o filosóficas. Por supuesto, algunos representantes de la clase política no se escapan de hacer parte de los infractores de la ley ni del alto porcentaje de delincuentes beneficiados con la impunidad.
Es lamentable ver como el clientelismo, la corrupción y el temor al interior de las instituciones de seguridad y justicia han desgastado el sistema jurídico del país.
Estas son algunas de las razones del menoscabo judicial en Colombia:
· Jueces, fiscales e investigadores amenazados
· Jueces y fiscales que son cuotas políticas
· Denunciantes y testigos amenazados o asesinados
· Procesos judiciales lentos
· Fallos inoportunos
· Desconfianza de la ciudadanía
· Ley laxa a favor de los delincuentes
· Servidores públicos deshonestos
El panorama es totalmente desalentador. Los colombianos seguimos comprobando que las Instituciones de Justicia son inoperantes. En muchos casos los ciudadanos prefieren que los grupos armados ilegales sean los que diriman los conflictos, porque ellos son más oportunos.
Urge una transformación de las Instituciones de Justicia y Seguridad en Colombia para dar celeridad a los procesos judiciales y recuperar la confianza del ciudadano. Es imperioso que la Justicia sea transparente y actúe contra todo aquel que incumple la ley.
Es necesario que la transformación de la Justicia y la Seguridad del Estado Colombiano permitan:
· Legitimidad de las instituciones de justicia y seguridad
· Celeridad y eficacia en los procesos judiciales
· Protección Judicial y Policial de Jueces, Fiscales, Investigadores y Testigos
· Transformación de los aparatos de seguridad para que grupos armados y criminales no tengan injerencia en la fuerza pública, Fiscalía y DAS.
· Seguimiento, control y evaluación a las Instituciones de Justicia y seguridad para prevenir la corrupción y el clientelismo
· Reformas l la Ley Penal y al Código de Procedimiento Penal
· Acuerdo sobre los valores éticos y morales que regulan la sociedad
· Aplicación de la Justicia y la Seguridad para consolidar la paz, la convivencia y resolución de conflictos
Necesitamos un sistema judicial que introyecte en los colombianos la importancia de acatar la Constitución y la Ley, para lograr una sociedad en armonía.
Pero antes, es necesario que nuestra Rama Judicial demuestre que es realmente independiente, proba e imparcial, haciendo honor a esos ilustres pensadores que hace ya más de tres siglos descubrieron que un Estado de Derecho necesita poderes separados, con controles y contrapesos, para garantizar la Justicia, la Seguridad, la Equidad, la Convivencia y la Paz.
