Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
No es que uno quiera hablar mucho del mismo tema y volverse monotemático, lo que sucede es que el mismo fenómeno se presenta con tanta frecuencia y en ocasiones con unas novedades, que hacen que haya que referirse al mismo cuantas veces aparezca.
Otra vez es la justicia. Desde hace unos pocos años para acá son tan normales los paros en la administración de justicia que se hace raro cuando transcurre cierto tiempo y esta rama del poder público funciona con normalidad. Adicional a los conocidos reparos sobre la politización de las cortes, las pugnas internas, las luchas por el poder, la elección de magistrados que ética, profesional y académicamente no satisfacen los mínimos estándares para ocupar tan alto e importante cargo, se suma el nuevo paro por cuenta de un acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, que, aunque moribundo, todavía patalea, pero no para corregir su, en ocasiones, criticable proceder, sino para nuevamente dar qué decir, nada más y nada menos, en esta ocasión, que con una nueva parálisis de la justicia, con el consabido perjuicio que llevan los de siempre. No hay que tener una bola mágica ni hay que hacer malabares mentales para saber que detrás de la decisión de esta corporación, equivocadamente equiparada a una Corte, hay, y no escondidos, intereses políticos y clientelistas, pues se despiden algunos funcionarios judiciales para darle esos cargos a personas de sus afectos o de sus intereses.
Pero no solo esto, la anterior reforma a la justicia, corrigió algunas costumbres y vicios que eran normales y ejecutados sin ningún empacho por miembros de las distintas cortes, pero creó otros entuertos, como por ejemplo el Consejo de Gobierno Judicial, que lo integran los presidentes de las cortes más otros seis miembros, la elección de tres de ellos está en veremos porque así lo determinó el Consejo de Estado.
Hace mucho tiempo se viene diciendo en la academia, en los pasillos judiciales y en las tertulias de personas autorizadas y vinculadas con la justicia que al ciudadano de a pie no le interesa quién nombra al Procurador o al Fiscal (objeto de la reforma), sino que sus peticiones ante la justicia van a ser resueltas con prontitud y por funcionarios probos, idóneos y honestos. Ni una palabra al respecto.
Debe destacarse que uno de los aciertos de la Reforma a la jusitica, fue la creación de un Tribunal de Aforados, que investigue y juzgue a los magistrados de las cortes, al fiscal general y el procurador general, funcionarios éstos que literalmente andaban a sus anchas en cuanto a quién los vigilara y juzgara, dado que estaban en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (léase Comisión de Absoluciones), que tanta ampolla levantó en un sector de la justicia, porque ahora si, al menos en el papel, iban a ser investigados y juzgados de verdad. Como se sabe, esta reforma fue demandada y he oído decir en algún medio de comunicación que van a prosperar las pretensiones, es decir, se va a caer la reforma.
En la Corte Suprema de Justicia, donde no hay sino 17 magistrados en la actualidad, pues hay 6 vacantes, no se avizora una elección pronta del Fiscal General de la Nación, ya que el actual termina el período el 27 de marzo próximo, por lo que se impone un encargado en cabeza del Vice fiscal General.
También está la situación de un magistrado de la Corte Constitucional, ética y procesalmente puesto en duda por su torcido proceder, quien se atornilla al cargo cada vez más. Es algo que creo ocurre en pocos lugares del mundo.
Y tantas otras cosas negativas que pasan con nuestra justicia que muestran el punto, al parecer de no retorno, al que ha llegado y que hacen que cada vez menos se pueda creer en ella.
