Gerardo Vega Medina, director de la Fundación “Forjando Futuros”, agradece la orden que el Consejo de Estado le dio al Juzgado 26 Administrativo de Medellín de darle trámite a la demanda de Nulidad del convenio de Gobierno Corporativo de EPM. Explica que la demanda busca proteger el patrimonio público de los antioqueños, de la “captura” por parte de intereses privados, especialmente del Grupo Empresarial Antioqueño -GEA-, que con su participación en la Gerencia y en la Junta Directiva de EPM venía decidiendo en su beneficio, en detrimento del interés público.
“La idea del Gobierno Corporativo convenido entre EPM y Alcaldía de Medellín en 2007, por recomendación del Banco Mundial, era buena para combatir la ineficacia y el clientelismo. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad, porque el sector privado capturó a EPM desde la Junta Directiva a través de la llamada ´puerta giratoria´. Con el agravante que cuando una de esas empresas contratistas le incumplía a EPM, la Junta tomaba la decisión de no actuar en derecho para hacer cumplir sus obligaciones o castigar el incumplimiento del contrato, dizque porque se trataba de un aliado estratégico. Todo eso reventó y se evidenció con Hidroituango, por lo que presentamos la demanda que inadmitió el Juzgado 26 Administrativo”, dijo Vega Medina en Sinergia Informativa.
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El Director de “Forjando Futuros” explica que dicho Juzgado argumentó que la demanda debía ser tramitada por el Juzgado 35 Administrativo, en el que reposaba desde 20 días antes un proceso adelantado por el Sindicato de Profesionales de EPM -SINPRO-, cuya pretensión era hacer cumplir las normas del Gobierno Corporativo.
“Este Juzgado 35 admitió nuestra demanda, pero con limitaciones, sin aceptar nuestras pretensiones ni la presentación de nuevas pruebas. Por eso nuestro equipo jurídico apeló ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, el cual nos dio la razón. Esa decisión fue confirmada por el Consejo de Estado que este lunes ordenó al Juzgado 26 empezar el trámite para que sean estudiadas nuestras pretensiones”, precisa Gerardo Vega.
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El Director de la Fundación “Forjando Futuros” plantea que si no prospera la pretensión de inaplicar, derogar o anular el Convenio de Gobierno Corporativo de EPM, es importante que se le hagan los ajustes necesarios para impedir el conflicto de intereses, prohibiendo la llamada “puerta giratoria”, incluyendo una norma que no permita que el gerente o los miembros de la Junta Directiva de EPM se vinculen dentro de los cinco años siguientes a empresas con objeto social parecido al de la empresa de servicios públicos.
Por supuesto, afirma que la dirección pública de EPM debe hacerla gente competente, capaz, transparente, con criterio empresarial y que sepa de servicios públicos.
También pide como ajuste al Convenio que no se admita pasar por alto incumplimientos de empresas contratistas elevadas a la categoría de aliadas estratégicas en detrimento de lo público, el control cercano y efectivo por parte de la Contraloría General de Medellín, la creación de un organismo interno que esté haciendo veeduría permanente para apoyar a la Contraloría y que se retomen los acuerdos municipales en los que el Concejo tenga presencia, porque EPM es una empresa pública.
Respecto de quienes pretenden que el alcalde Daniel Quintero renuncie a la Presidencia de la Junta Directiva de EPM, Gerardo Vega cree que es una solicitud descabellada. Primero, porque todos los alcaldes lo han sido, y segundo, porque la gente lo eligió democráticamente y es el representante de todos los medellinenses en la defensa de su patrimonio público, en este caso de EPM, por encima de los empresarios privados que han puesto este patrimonio público al servicio de sus intereses particulares.
