Roger Vélez y Gerardo Vega, en Sinergia Informativa

Gerardo Vega Medina, director de Forjando Futuros, informó que la demanda de Nulidad interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia por la Corporación que dirige, de la mano de la Comisión Intereclesiástica de Justicia y Paz, busca que personas con intereses privados no sigan coadministrando una empresa que es pública y que debe responder a intereses generales y no particulares.

Vega Medina dijo en Sinergia Informativa que por recomendación del Banco Mundial, por inclusión en el Plan de Desarrollo 2002 – 2006 del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y por convenio entre EPM y la Alcaldía de Medellín en 2007 -cuando Sergio Fajardo Valderrama era alcalde y Juan Felipe Gaviria era gerente de EPM- los privados llegaron a la empresa de servicios públicos a hacer negocios con sus propias empresas, con evidente conflicto de intereses.

Gerardo Vega, Director de Forjando Futuros

Juan Felipe Gaviria había sido por años miembro de la Junta Directiva de Conconcreto, Federico Restrepo venía de ser directivo de Integral y Juan Esteban Calle pasó de EPM a la Presidencia de Argos. Empresas del Grupo Empresarial Antioqueño –GEA- que llegaron a beneficiarse, a escurrir y a ordeñar los dineros públicos, a través del convenio de Gobierno Corporativo”, manifestó Gerardo Vega.

El Director de Forjando Futuros explicó que la intención de la recomendación del Banco Mundial era suplir la ineficiencia, el clientelismo y la corrupción del manejo público, con la supuesta eficiencia y la transparencia de los privados. Pero –agregó- el remedio resultó peor que la enfermedad.

Porque 13 años de aplicación de este tipo de Gobierno han llevado a EPM a perder un billón de pesos por año; hoy el patrimonio de EPM es menor que sus pasivos; sus negocios, como el de Tigo Une – Millicom, no han sido lo esperado; Hidroituango tiene un riesgo de detrimento patrimonial que llevó a una demanda por 9.9 billones de pesos. Lo que ha pasado con este Gobierno Corporativo es que unos pocos se apropiaron de los recursos de los antioqueños, mientras 67 mil hogares no tienen con qué pagar el consumo de agua y 47 mil hogares no tienen cómo pagar la energía. Fuera de eso, este tipo de Gobierno ha permitido la creación de 59 empresas que nada tienen qué ver con servicios públicos domiciliarios”, manifestó Gerardo Vega.

El aclamado Gobierno Corporativo que ha llevado a vastos sectores políticos y empresariales a defender su respeto, ha ido en contra –según Vega Medina- del respeto y la defensa del patrimonio público, de la moralidad administrativa, de la transparencia y del interés general.

El Convenio entre Alcaldía y EPM les cede todas las facultades a los privados. ¿Por qué el Concejo y la Contraloría no pueden hacer el control debido a EPM, sabiendo que son dineros púbicos los que allí se administran? EPM debe regirse por el derecho público y no por el derecho privado. No es lógico que se les entreguen todas las facultades a los privados, quienes trabajan y defienden sus intereses particulares por encima de los intereses públicos”, insistió.

Gerardo Vega Medina dijo que la demanda de Nulidad, que ya fue admitida, tiene la pretensión de que se inaplique, se derogue o se anule el Convenio de Gobierno Corporativo de EPM o, en su defecto, que se hagan los ajustes necesarios para que, entre otras, se impida el conflicto de intereses, quede prohibida la llamada “puerta giratoria” que comunica a la dirección de EPM con empresas contratistas y con objeto social similar y no permita la impunidad resultante de la falta de sanción a los incumplimientos y posibles detrimentos.

No puede seguirse admitiendo que las juntas directivas decidan no demandar a un contratista por presunta responsabilidad en incumplimientos y cuantiosos detrimentos de lo público, dizque porque son aliados estratégicos de EPM. ¡No más impunidad en EPM!”, concluyó el Director de la Fundación Forjando Futuros.