Por: Ramón Elejalde ArbeláezA un debate está la reforma política de convertirse en norma constitucional de obligatorio cumplimiento. Desde estas mismas páginas habíamos denunciado la inclusión en el articulado de un esperpento que beneficiaría a narcotraficantes, a paramilitares y a guerrilleros incursos en delitos de lesa humanidad, norma que de haberse concretado seguramente nos haría mucho daño allende las fronteras. Pero los adefesios de la reforma política no han terminado. Una sesuda carta del precandidato Liberal Aníbal Gaviria Correa al presidente del H. Concejo de Medellín, doctor Bernardo Alejandro Guerra H. con motivo de un foro para debatir la reforma en comento, deja al descubierto preocupaciones que siguen rondando en la academia y los círculos bien informados.
Se queja el doctor Gaviria Correa de que la reforma no tuvo ni la difusión, ni la discusión deseadas y que solamente en los últimos días, por los micos que ella consagraba, se vino a conocer de las propuestas. Éstos no son temas de poca monta y la opinión pública debe conocer y debatir las posibles normas que se incluirán en la Constitución, que a no dudarlo es nuestro contrato social.
Se queja el precandidato Liberal de que a la reforma política le falta un tema: “La reforma tuvo iniciativa gubernamental y el objetivo era hacerles frente a los vínculos de congresistas con los grupos paramilitares, donde un número muy importante de congresistas les debieron sus curules a dichos grupos ilegales”. Al Gobierno y al Congreso les faltó decidir sobre el fuero para investigar a los parlamentarios. No puede ser posible que sea la voluntad de los investigados la que indique el funcionario judicial competente para conocer de su caso. La figura del juez natural se desvirtúa con lo que está sucediendo con las investigaciones que se adelantan a los parlamentarios.
Ya había señalado hace quince días en estas mismas páginas que la reforma lo que hace es privilegiar los intereses particulares de los congresistas. Permite el transfuguismo por dos meses, ya que les facilita a los corporados que se volteen o cambien de partido durante ese lapso de tiempo. Es decir, no necesitan cumplir ni las normas actuales ni las futuras. Bonito ejemplo, más cuando en la cátedra de Constitucional General siempre se les enseña a los alumnos que las constituciones no solamente son de contenidos jurídicos, sino éticos. También prohíbe la norma que se puedan realizar coaliciones con grupos significativos de ciudadanos para inscribir o apoyar aspirantes a cargos públicos. Esto ni más ni menos lo que pretende es cerrarles el paso a candidatos que no provengan de los partidos o movimientos políticos.
Denuncia también el doctor Aníbal Gaviria en su muy interesante carta al Concejo de Medellín, que la reforma contiene unos elementos nocivos para la democracia y para el derecho fundamental a ser elegido. Entregarle competencia al Consejo Nacional Electoral para revocar inscripciones de personas inhabilitadas para ser elegidas en cargos de elección popular es entregarle a un órgano al extremo politizado funciones que hoy cumple la Rama Judicial. “Un asunto de éstos tan importantes en un régimen democrático, donde está en juego la restricción al derecho fundamental de ser elegido, no puede estar en manos de órganos políticos. También se les quiere entregar a las autoridades electorales para que conozcan de asuntos de nulidad electoral, cuando le entregan al Consejo Nacional Electoral la posibilidad de estudiar las irregularidades en las votaciones y escrutinios, antes de presentar las demandas ante la Justicia.
