Por: Jorge Mejía Martínez

La inflación de junio bajó unas decimas y el desempleo urbano subió en millones. Los actores de la economía sienten a su manera los efectos de la crisis: los exportadores despachan menos volumen hacia el exterior, mientras el sistema financiero se echa al bolsillo, en cinco meses, 3,7 billones de pesos en utilidades. Más de $700.000 millones al mes, en medio del apretón que asfixia a los demás. El Gobierno continúa enterrando la cabeza. En un comienzo predicó que estábamos blindados contra la crisis; luego que no habría recorte del gasto social y la inversión, porque se echaría mano del endeudamiento; luego que las dificultades internas se deben a las circunstancias externas; y que el enorme hueco fiscal es consecuencia de las medidas tomadas para enfrentar la crisis y no por la ligereza y la imprevisión oficial al conceder exagerados beneficios tributarios a los inversionistas extranjeros y nacionales; sin que su impacto se refleje en la generación de empleo.

La largueza para dejar de cobrar tributos y para gastar a manos llenas en asistencialismo no estructural, se traduce en un déficit que el próximo año se elevará a 18,3 billones de pesos. La cifra equivale a 3,4 por ciento del PIB y supera el déficit que este año será de 2,4 por ciento. Sin embargo, la presión desde Bogotá sobre las entidades territoriales, municipios y departamentos, a través de la exigente ley 617 de ajuste fiscal, persiste sin que los alcaldes y gobernadores vean en el manejo de los recursos públicos por parte del ejecutivo nacional, meritorio ejemplo a seguir. 

Otra gran muestra de imprevisión la dio el gobierno con el presupuesto nacional aprobado por el Congreso. Con unos ingresos inflados, se financiarán los gastos que crecerán el doble de las rentas. Mientras los recursos serán incrementados el 7,4%, las erogaciones serán del orden del 15,4%. Así el déficit será 8 billones más que en 2008 para un total de 18,8 billones de pesos. Pero el hueco puede alcanzar la alarmante cifra de 23,8 billones para el 2010. El panorama tiende a empeorar si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la producción industrial cayó hace dos meses el 14,5% y las ventas descendieron un 12,1% respecto a doce meses atrás. Salomón Kalmanovitz considera que la inversión pública que arranca ya de un nivel muy bajo, de sólo 2,1% del PIB en 2009,  pasará a 1,6% en 2010.

El hueco se está  tragando la política bandera de Alvaro Uribe Velez: la seguridad democrática. En los próximos meses el faltante será superior al billón de pesos. No sobra recordar el estudio realizado por Jose fernando Isaza y Diógenes Campos sobre el comportamiento del gasto en defensa y seguridad: en el año 2007 el gasto alcanzó el 6,32% del PIB. Estados Unidos destina el 4% del PIB al presupuesto de defensa, incluyendo la guerra de Irak. Comparados con los países vecinos, el gasto de guerra en Colombia es el doble del venezolano y casi seis veces el ecuatoriano.

En el presupuesto nacional del 2008 se apropiaron $18,4 billones para Defensa, de los cuales 81% fueron gastos de funcionamiento: 8 de cada 10 funcionarios del Estado son del Ministerio de defensa. Según Mauricio cabrera Galvis, Defensa representa más de la quinta parte del total del gasto público (incluyendo el servicio de la deuda) y su crecimiento del 20% en este año es más del doble del resto de los rubros presupuestales, y cuatro veces la tasa de crecimiento esperada de la economía. Y eso que hoy nos vanagloriamos de tener a la guerrilla reducida, casi desaparecida, y a los paramilitares fuera de combate. El problema es que el crecimiento acelerado del gasto en seguridad, en Colombia, es insostenible porque se financió con recursos transitorios como el impuesto al patrimonio y el Plan Colombia. Nos tenemos que tener fino porque la necesaria seguridad, como la imprevisión y la improvisación, cuestan, pero mucho.