Como miembro de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representante y de la bancada del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, en mi calidad de ponente del proyecto de Ley 076/09 (Cámara) y el 048/09 (Senado) relacionado con el presupuesto de rentas y recursos de capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, debo expresar lo siguiente:
1. El Título propuesto por el Ministerio de Hacienda “Sostenibilidad de la inversión en medio de la crisis”, resulta para nosotros engañoso desde los análisis, estudios y evaluaciones económicas y sociales del llamado gobierno de la Seguridad Democrática y la Confianza Inversionista. La teoría de la redistribución, fundamento del Estado de Bienestar, cada día se desvirtúa más. Mientras los ingresos corrientes (tributos) aumentan 3.3%, los recursos de capital (maniobras financieras, préstamos) suben al 15% y la parafiscalidad (trabajo) al 37.9%, quitando de encima importantes aportes a los que más tienen. No estamos de acuerdo en que la senda del crecimiento o gasto de la nación siga a expensas del desmantelamiento de las empresas públicas, como el caso de Isagén. No creemos que los sectores más pobres de la población sean la preocupación de las actuales políticas fiscales, ni que pretendan mejorar la calidad y disponibilidad del trabajo y la protección de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el empleo.
2. La consolidación de la política de defensa y seguridad democrática, el apoyo a la confianza inversionista y a la infraestructura para la competitividad, distan mucho de nuestro ideario político y nos vuelve antagónicos; lo que nos obliga a denunciar la utilización del gasto público para fortalecer y desarrollar al gran capital y ahondar más la brecha social que ha roto la armonía y cohesión social; prueba de ello son las alarmantes cifras de pobreza e indigencia, desempleo, subempleo e informalidad, tal como lo reconocieron expertos del DANE y Planeación Nacional.
3. No puede ocultar el Gobierno nacional que el 27% ($40 billones) de los gastos vayan a parar al pago de la deuda y que sólo el 17% ($25.3 billones) sean para la inversión. Denunciamos que el Gobierno una vez más se queja de los mandatos constitucionales que obligan a la preponderancia del gasto social sobre cualquier otro y a regañadientes trata de cumplir con ellos.
4. El servicio de la deuda crecerá en 9.2% ($40 billones) producto de onerosas inversiones a favor de las transnacionales y de la entrega de nuestra soberanía. $22 billones serán destinados a amortizaciones y $17.8 billones para pagos de intereses. Estamos frente a un gobierno que más ha acudido al debe a lo largo de la historia, simplemente en sus afanes de derroche, demagogia y de ayuda a los potentados.
5. Pretende el gobierno cantar victoria al destinar $24.3 billones en inversión. Lo que tímidamente dice es que el 11% ($2.8 billones) van destinados a la política de defensa y seguridad; el 26% ($6.4 billones) a la sostenibilidad del crecimiento económico en su estrategia de la confianza inversionista de la que se favorecen unos pocos; 16% ($2 billones) se convertirán en la especie de caja menor de la Presidencia (Política de mejor Estado) y el 47% ($20 millones) se diluirán en diversos programas para atenuar pobreza y miseria y cumplir con el mandato constitucional de salud y educación.
6. Es cierto que $24 mil millones para el “Levantamiento y Depuración Sistemática del Archivo Nacional e Identificación –ANI- y el registro de votantes a nacional” y que $2.7 mil millones para la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional –Acción Social– incluidos en la discusión del debate, no son más que apuntalamientos para los propósitos de la campaña en pro de la reelección presidencial.
7. Si bien es cierto llegaron a las comisiones de ponentes 84 proposiciones de adiciones presupuestales que no contaron con el aval del Ministerio de Hacienda, algunas de ellas han sido incluidas, por iniciativa de los miembros de las comisiones económicas, por la procedencia y beneficio para las regiones y no por transacciones con el ejecutivo que comprometa nuestra independencia. El único propósito es hacer coherente y realidad algunas políticas pertenecientes a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
