Por: Jaime Alberto Carrión
Esta es la conclusión necesaria para quienes asistimos al último debate que sobre esta materia tuvo lugar en el Concejo Municipal. A mi juicio, la discusión allí fue ganada con creces por el concejal convocante Juan Felipe Campuzano, quien a pesar de contar con una visión de la seguridad bastante reducida y autoritaria, esta vez no sólo alcanzó un discurso más coherente y ecuánime, sino que también logró no ser desvirtuado en sus argumentos por la postura de la Administración Municipal; Además, recibió el apoyo para sus ideas de otras bancadas como la ASI y coincidió en su interpretación del deterioro actual de la seguridad con representantes de expresiones organizadas de la Sociedad Civil como la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna Seis y Corpades.
La Administración pues no salió muy bien librada. Aunque la exposición del Secretario de Seguridad dejó clara la importancia de esta nueva dependencia municipal, toda vez que puso en evidencia la ejecución de tareas especializadas en seguridad nunca antes vistas en la ciudad, como la formulación de un Plan Estratégico y las bases para la construcción de una Política Pública; Eduardo Rojas no consiguió convencer a los concejales, y a la ciudadanía allí presente, de la mejoría en la situación de seguridad y la conexión de este fenómeno con sus actuaciones.
A decir verdad, la derrota en este aspecto estaba propinada días antes por informaciones suministradas a través de diversos medios de comunicación. Para legos e ilustrados, resulta poco convincente la teoría que explica la actual disminución de homicidios en Medellín como resultado de la puesta en práctica de los programas sociales de la actual Administración Municipal. No sólo por su estado incipiente y el poco tiempo que tienen de implementación, sino porque en esta materia hay que reconocer que desde el año anterior se viene presentando una tendencia a la baja, sostenida incluso durante el final y comienzo de año, en donde vale la pena llamar la atención, algunos programas prácticamente dejaron de existir y otros no existían.
Además, aunque no existen estudios juiciosos sobre este aspecto, la mejoría podría estar relacionada también con la existencia de resultados significativos de la Policía Nacional y otras autoridades; principalmente con la judicialización de cabecillas y mandos medios de bandas y combos, los cuales, según se informó durante el debate, en los últimos meses se ha intensificado notoriamente.
En lo personal considero que la mejoría en el número de homicidios no expresa propiamente un bienestar en el estado general de la seguridad que experimentan las comunidades. No hay que olvidar que durante los primeros seis meses de este año, además de homicidios, se presentaron 1.600 casos de personas desplazadas forzadamente al interior de la ciudad, de acuerdo con la información suministrada por la Personería de Medellín, y que en el debate se informó de 144 casos de desaparición ocasionados durante el primer trimestre, cuyos perfiles se encuentra aún sin establecer.
Además, pienso que la razón por la cual se viene presentando está mejoría numérica, se puede explicar mejor con la derrota militar, en algunos territorios, de uno de los dos bandos ilegales que se disputa la ciudad, creando una estructura de crimen más organizado y por tanto más controlado, donde la disminución de homicidios representa uno de sus primeros efectos. En las últimas décadas, este comportamiento parece convertirse en una constante en nuestro conflicto urbano, con repeticiones cíclicas que han sido demostradas por diversos estudios.
De otro lado, en este escrito, me interesa muchísimo exponer otras razones por las cuales considero que la seguridad en Medellín no va por buen camino.
Quiero llamar la atención sobre la diversidad de posturas existentes en materia de seguridad entre la Administración Municipal, algunos sectores del Concejo y las expresiones organizadas de la Sociedad Civil. Este fenómeno, que durante el gobierno de Alonso Salazar fue ampliamente subvalorado por este, se convierte en una amenaza significativa para la construcción de una verdadera política pública de seguridad para la ciudad. Aquí se requiere con urgencia la habilidad política de los responsables de la seguridad en Medellín, pero también la creación de instancias de deliberación y decisión, serias, en las que participe efectivamente la sociedad y los diversos sectores interesados.
Otra razón que permite sostener mi tesis, directamente relacionada con lo anterior, tiene que ver con la persistencia del análisis de la seguridad en torno al comportamiento del homicidio y de delitos que involucran el patrimonio de las y los medellinenses. Hasta cuándo la Administración y otras autoridades comprenderán el fenómeno sólo desde el homicidio. Peor aún, esa comprensión ha generado un divorcio peligroso entre la seguridad, los Derechos Humanos y la convivencia. Si estamos comprometidos con la Seguridad Humana, los resultados de la seguridad deben medirse a partir de la vivencia de los Derechos Humanos y los niveles de convivencia, y no en el número de delitos conocidos por las autoridades, que claramente conduce a interpretaciones ajenas a la realidad.
Para finalizar, una razón más tiene que ver con el comportamiento en el debate de dos importantes autoridades vinculadas con la seguridad. Me refiero puntualmente a la Personería de Medellín y la Policía Nacional. En relación con la Personería llamó fuertemente la atención su bajo perfil durante el debate, así como la lectura, por parte del actual Personero, de un informe débil en materia de Derechos Humanos que se remitió a teorías explicativas del año 2011 y centró su análisis en informes ya emitidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Esta precaria participación es preocupante toda vez que en los últimos años la voz juiciosa de la Personería en el tema, ha permitido la aplicación de correctivos importantes por parte de las autoridades en los procedimientos de la atención a esta problemática.
También resulta preocupante la intervención del General Yesid Vásquez Prada, quien durante el debate sostuvo repetitivamente que su relevo estaba siendo solicitado por algo o alguien que nunca preciso, lo que matizó su discurso como uno de defensa y no permitió conocer a fondo los resultados de su gestión. Pero, más preocupante aún, fue el hecho de que el General guardara un silencio alarmante sobre tres aspectos decisivos en el análisis del tema para este año: a) Los 1.600 casos de Desplazamiento Forzado Intraurbano, b) Los nueve (9) policías capturados en el mes de mayo por tener presuntos vínculos con bandas y combos que operan en Belén Altavista y c) Las 53 quejas recibidas en la Personería de Medellín por presuntas violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por integrantes de la Policía Nacional.
Sobre este aspecto, no puedo cerrar este escrito sin mencionar la debilidad que a mi juicio tienen los análisis y diagnósticos en materia de seguridad realizados por la institucionalidad en Medellín, la cual considero se da principalmente porque no incluyen el accionar de la Policía Nacional como un factor problemático, sino como parte necesaria de las soluciones. Esto conlleva a que no existan acciones institucionales significativas de depuración de la Fuerza Pública en la ciudad y repetitivamente se presenten casos de corrupción.
