Por: Francisco Galvis
Entre otras funciones, los Jueces de Garantías tienen la de tomar decisiones acerca de la privación de la libertad de las personas que, por estas o las otras, son llevadas ante ellos por la Policía Judicial como eventuales autoras de conductas punibles, pero no arbitrariamente, sino de conformidad con la normatividad penal vigente, cuya aplicación les corresponde por ministerio de la Ley.
Sabido esto por parte de las autoridades administrativas y de policía, conocimiento que les impone el ejercicio de sus cargos, sorprende que a cada rato pongan el grito en el cielo porque los Jueces se abstengan de privar de la libertad a supuestos criminales y digo supuestos, porque toda persona, por buena o mala que fuere, goza en Colombia de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, hasta tanto no le sea deducida responsabilidad penal con observancia del debido proceso.
Entonces, vaya uno a saber si los ataques de que son objeto los Jueces, por parte de alcaldes y comandantes de policía especialmente, cada vez que dejan en libertad a personajillos o personajotes del mundo del crimen, porque así lo manda la Ley, se deban a ignorancia o mala fe.
Si lo primero, ignorancia, bien valdría la pena que se pasaran al menos por la cafetería de una escuela de derecho, quizás por aquella donde se hizo abogado nuestro amigo Eduardo Aristizábal Peláez, para que aprendan alguito de derecho penal y se eviten la vergüenza de andar hablando pendejadas; si lo segundo, mala fe, no deberían estar al frente de los cargos que desempeñan porque, además del daño social que producen con sus declaraciones, matan la institucionalidad y, en ambos casos, están ahí, como los jueces, para cumplir con la Constitución y las leyes de la República.
Autoridades administrativas y policías deben ocuparse de lo suyo sin descansar sus propias y exclusivas responsabilidades en los jueces, que al igual tienen las propias que les son igualmente privativas.
No deben olvidar: los alcaldes, que en las calles y comunas existen dramas y tensiones que pueden aliviarse con gestión municipal efectiva que ataque la raíz de los males, no bastando al efecto la sola construcción de bibliotecas que, si bien nos darán mejores ciudadanos hacia el futuro, no lo es todo para el hoy.
De suyo, la policía que se esmere por cuidar permanentemente el orden en las calles y en las barriadas deprimidas, sacudidas por pistoleros y traficantes.
Hace ocho años en la alcaldía de Luis Pérez y con los generales Mario Montoya y Leonardo Gallego la seguridad empezó a cambiar para bien en Medellín y ¿qué lo que se advierte hoy?
Nada más y nada menos que esto está otra vez desmadrado, llevado del diablo, al punto de las horrorosas cifras que, en materia de homicidios por ejemplo, desnuda la estadística reciente, para no hablar esta vez de los ataques con escopolamina en el centro de la ciudad: Avenida La Playa de la carrera Córdoba hacia abajo.
Las otras autoridades, que no los jueces, se relajaron como si se hubieran dedicado a tomar el té y jugar canastas, mientras los bandidos retomaron territorios.
En materia de seguridad, son ocho años perdidos bajo el famoso “Compromiso Ciudadano”, de mucho ladrillo y mucho concreto, lo que igual está bien, y ahora resulta que a Medellín hay que volverla a rescatar de manos de toda suerte de bribones y facinerosos.
¡Es otra vez el momento de la Ley y el Orden en las calles!
Tiro al aire: Claro que hay leyes defectuosas para enfrentar la criminalidad, pero no son los jueces los que expiden las leyes, solo las aplican. ¡Quede claro!
