Por: Eugenio Prieto Soto
“Nos quisieron convencer que habían construido una arcadia, y no hay tal”
Ante la publicación del Libro blanco por parte del Gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, expresamos que pasada la obnubilación que produjo la costosa, luminosa y avasalladora publicidad oficial, vino el inexorable paso del tiempo a confirmar lo que con argumentos claros habíamos denunciado en el transcurso del gobierno Ramos. Nos quisieron convencer que habían construido una arcadia, y no hay tal.
El pasado domingo, Ramón Elejalde denunció en su columna Contracorriente, los afrentosos gastos por alrededor de $86.000 millones, que se realizaron desde la Gobernación y sus entidades descentralizadas, “…para que los medios de comunicación utilizados, impusieran la imagen del gobernador y sus reales o supuestos logros, con enorme castigo para el bolsillo de los contribuyentes”.
Desde la elección de Jorge Rojas como Contralor de Antioquia, expresamos que era inconveniente que un reconocido amigo y partidario del Gobernador Ramos lo fiscalizara. Lastimosamente los hallazgos sobre irregularidades en la contratación y su maquiavélico modelo, nos dieron la razón. La evaluación que le hace la Auditoría General de la República (AGR) lo dice todo, en el criterio de efectividad a procesos misionales de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva -centro del ejercicio del control fiscal-; en el 2009 ocupó el puesto 30 de 32 en Colombia y en el 2010 el vergonzoso último lugar, puesto 31 de 31.
En lo referente a la costosa publicidad oficial, ¿Qué acción positiva podíamos esperar de un organismo de control violador de las normas que debe hacer cumplir? Basta mirar el Informe de la Auditoría Especial a los Gastos de Publicidad de la vigencia 2011, realizada por la AGR -marzo 23 de 2012-, cuyo ejercicio auditor generó un hallazgo administrativo, uno fiscal con presunto detrimento patrimonial de $663 millones, siete disciplinarios y tres penales.
Inverosímil. Según la AGR, en el ente controlador (CGA), falta seguridad jurídica en la contratación por la ausencia de controles en la elaboración y firma de documentos contractuales; el presupuesto se ejecuta mal por deficientes controles e inobservancia de normas. Se realizaron traslados presupuestales sin autorización legal; no se acataron las normas de austeridad en el gasto público en el rubro de publicidad y los rubros de publicidad o difusión no fueron disminuidos en el 30% según lo señalado en el Estatuto Anticorrupción -Ley 1471 de 2011-, por el contrario, se aumentaron en el 157%.
Según los hallazgos de la AGR, la CGA celebró 97 contratos de prestación de servicios incumpliendo requisitos legales esenciales de la contratación descritos en el artículo 410 del Código Penal; contrató publicidad que generó una gestión antieconómica para la Entidad; suscribió siete contratos de publicidad, bajo la modalidad de contratación directa, en el periodo comprendido desde el 30 de junio al 30 de octubre de 2011, tiempo en que regía la Ley 996 de 2005 de garantías electorales, que según reiterados conceptos del Consejo de Estado, aplica para todos los entes del Estado, incluidas las contralorías territoriales, además incurrió en la conducta tipificada como prevaricato por acción por inobservancia del procedimiento para autorizar vigencias futuras.
Igual que lo hizo la AGR con la CGA, las denuncias realizadas por Ramón Elejalde deben ser investigadas por los organismos de control, con el fin de establecer, ¿Cuál es el valor real del gasto por publicidad y rubros similares en el cuatrienio? ¿$86.000 millones, o más? ¿Cuáles fueron los beneficios de esos gastos para la Gobernación de Antioquia? ¿En la vigencia 2011 fueron disminuidos estos gastos en el 30% como lo establece el Estatuto Anticorrupción, o se aumentaron como en la CGA? ¿Cuándo sabremos que sucedió realmente en el Gobierno de Antioquia en el cuatrienio del doctor Ramos y en la nefasta gestión de su partidario y amigo, Jorge Rojas Otálvaro en la CGA?
