Por: Ramón Elejalde Arbeláez
Juan Gómez Martínez en su columna “Acuerdo de voluntades sin voluntad” publicada en el periódico El Colombiano del pasado 29 de julio puso el dedo en la llaga con respecto a la negociación entre Departamento y Empresas Públicas por la construcción de la Hidroeléctrica de Ituango. Yo, como él, había tomado la decisión de no escribir más sobre el tema esperando un buen resultado de las negociaciones que se adelantan y que contaron, en buena hora, con la tutoría del ya ex presidente Álvaro Uribe. La angurria del Gobierno departamental me lleva a volver sobre el asunto.
Despierta una enorme suspicacia, por decir lo menos, el desmedido afán que muestran públicamente el gobernador de Antioquia y el gerente del IDEA, por recibir una prima anticipada por el valor de la generación futura de la Hidroeléctrica de Ituango, en vez que recibir las utilidades del proyecto una vez que este entre en generación.
El asunto, más o menos es así: como todo proyecto, éste tiene unos flujos de caja que implican unas grandes inversiones iniciales, que para el caso se estiman serán de unas tres mil millones de dólares entre los años 2010 y 2018, luego empieza su ciclo productivo que podrá ser de 40 o 50 años, durante el cual se deberán recuperar las inversiones iniciales más la rentabilidad esperada del proyecto. Dentro de la forma de negociación existen dos posibles mecanismos para compensar a los socios mayoritarios del proyecto, Gobernación e Idea, por ceder su control. La primera de ellas sería mediante la repartición de un porcentaje de las utilidades que se obtengan de la explotación comercial en la medida en que ellas se materialicen, a partir del año 2018 y durante un periodo de tiempo acordada, la segunda seria mediante un único pago, una prima anticipada que se daría por una sola vez al cierre del negocio en cuyo caso Gobernación e Idea renunciarían a la posibilidad de tener una renta continua y permanente durante el periodo de tiempo acordado, la tercera opción sería una combinación de las dos anteriores.
En declaraciones públicas los funcionarios en cuestión han sido enfáticos, y hasta desafiantes en manifestar que ellos no entregan el control del proyecto, sino en la medida en que reciban una jugosa prima, es ahí donde quiero llamar la atención sobre el enorme riesgo que se está corriendo de entregar unos cuantioso recursos, que son la gran esperanza para el futuro del Departamento, los cuales quedarían a meced de una sola administración a la cual, en el mejor de los casos, solo le quedarían 17 meses de gobierno y nunca más de un año a partir del momento en que reciba los dineros en cuestión, adicionalmente los recibirían en plena campaña electoral, lo cual agrava aún más el riesgo y más teniéndose en cuenta que se trata de una administración que no ha demostrado precisamente la mayor imparcialidad política, ni transparencia en el uso de los dineros públicos.
Hago un llamado a la sociedad entera, para que se movilice en defensa de los intereses de las futuras generaciones y no permitamos que la herencia que deberán recibir para afrontar grandes desafíos, muchos de ellos, aun ni siquiera cuantificados, en aspectos tales como educación, salud, alimentación, desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos, reinserción, reparación de victimas, infraestructura, comunicaciones y tantas otras acciones vitales para el desarrollo del departamento, se evaporen en un solo pago que se convertiría en la guaca con la cual la Administración financie la campaña electoral que más se ajuste a sus intereses.
El Gobierno de Antioquia, lleno de angurria, va a entregar por 50 ó 60 años la explotación de la Hidroeléctrica con tal de recibir 200 millones de dólares, desheredando a las futuras generaciones de antioqueños y dilapidando una fortuna para asegurarse de que uno de los suyos continúe en el primer cargo del Departamento. Cabe una pregunta final ¿Cuánto de este dinero terminará engordando el barril sin fondo de la corrupción?
Juan Gómez tiene razón y los antioqueños debemos escucharlo.
